El nuevo presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, Manuel Aviñó, ha chocado con la Real Federación Española de Automovilismo al rechazar el acuerdo de complementariedad de licencias propuesto por el órgano que preside Carlos Gracia y que califica como «un abuso de poder». En su lugar, se ha acogido al decreto 60/1998 de la legislación autonómica del deporte. Así, la valenciana asume la exclusividad de expedir las licencias territoriales de pilotos así como de comisarios y organizar pruebas dentro de su territorio, sin precisar de la autorización de la nacional.

Además, exige el pago de los derechos de calendario por prueba realizada, que en el caso de la Fórmula 1 puede ascender a unos 30.000 euros, que es lo que por ejemplo se abona a la federación catalana por el Gran Premio de España. Valmor Sports evitó confirmar esta cifra en el caso del Gran Premio de Europa, que hasta la fecha pagaba a la española, ya que la anterior directiva de la valenciana no la solicitaba pues supone asumir junto a los organizadores la responsabilidad de lo que ocurra en carrera. Algo a lo que sí está dispuesto, en cambio, Manuel Aviñó.

Problema de competencias

El problema mientras dura este enfrentamiento entre federaciones llega para los pilotos y comisarios que pretenden competir en campeonatos de España no controlados por las territoriales. Aunque según fuentes de la valenciana apenas supone medio centenar de pilotos —un 15 por ciento de todas las licencias—, el coste para estos se duplica, pues sin la homologación deben tramitar además la licencia española.

En esta tesitura se encuentran todos aquellos pilotos que quieren participar en el Rally de la Vila-joiosa, los días 1 y 2 de abril, correspondiente al Campeonato de España de la especialidad.

Pese al choque entre las dos federaciones, hasta la fecha la valenciana sigue formando parte de la comisión delegada de la española, un órgano representativo y rotatorio elegido cada dos años por la asamblea, que en esta ocasión está integrado por las territoriales de Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias y la C. Valenciana.