TRIBUNALES - CASO VALMOR

Un testigo justifica la compra de Valmor en 38 millones de retorno

El exsecretario autonómico del Sector Empresarial Público, Bruno Broseta, recordó los 92 millones de euros que suponía no celebrar la carrera

11.05.2016 | 19:05

El exsecretario autonómico del Sector Empresarial Público Bruno Broseta, que este miércoles ha declarado como testigo en el juicio sobre presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia, ha declarado que la compra de Valmor por parte de la Generalitat se justificaba en un retorno económico de 38 millones de euros.

Fuentes conocedoras de la declaración han indicado a EFE que Broseta ha explicado que un informe del Consell cuantificaba que, en 2012, habría un beneficio neto de 38 millones por el retorno económico, y que la sanción a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv) por no celebrar la carrera hubiera sido de 92 millones de euros.

Broseta ha declarado como testigo en una sesión en la que también han comparecido en la misma calidad la exdirectora de Grandes Proyectos de la Generalitat Cristina Morató y el ex secretario autonómico de Cultura y Deporte Rafael Ripoll.

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia investiga irregularidades supuestamente cometidas por el expresident Francisco Camps, la exconsellera Dolores Johnson y "Aspar" en la organización de los cinco grandes premios de Fórmula Uno que se celebraron en Valencia entre 2008 y 2012.

Según las mismas fuentes, Morató ha explicado que cuando ella se incorporó a la Generalitat en 2009, el acuerdo de la Sptcv con Valmor y la empresa Fórmula 1 para asumir el canon ya estaba cerrado y solo se tuvo que ratificar, y ha admitido que era "una orden del Consell" que se adoptó "legalmente" y "sin reparos" de ninguna administración.

Además de justificar la compra, Broseta ha reconocido que los informes jurídicos previos a la compra "nunca" fueron cuestionados por la Intervención de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas o las auditorías externas y que todos los actos de la Fórmula 1 se hicieron "perfectamente validados y conforme a derecho".

Fuentes del caso han señalado que parece que el fiscal y el abogado de la Generalitat "están centrados" en la intervención del expresident Alberto Fabra en la compra y no tanto ya en por qué se organizó la Fórmula 1.

La compra se hizo porque estaba recomendada por las consultoras Garrigues y Broseta, que no explicaban, como ha confirmado Bruno Broseta, que esa decisión contravenía la Ley de Hacienda Pública porque se adquiría una sociedad con un valor inferior al que se pagaba porque de hacerlo, no se habría comprado.

En el interrogatorio también se ha puesto de manifiesto que el informe de Garrigues lo había encargado Valmor y no Circuito del Motor, que la Generalitat se había basado en el mismo para la compra y que había un conflicto de intereses que el despacho de Broseta no comunicó.

Según las fuentes, la Abogacía de la Generalitat está cuestionando por qué Fabra no derivó la responsabilidad por la compra a Fernando Roig y Bankia, socios de Valmor, en vez de asumir las pérdidas y por qué adujeron la penalización para seguir con la competición cuando luego se dejó de celebrar y no hubo penalización.

Por su parte, Ripoll ha señalado que la decisión de la compra la tomó el Consell reunido como junta de accionistas de la Sptcv y que "no fue Lola Johson la que engañó al Consell".

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