R. MARÍN
El Levante está trabajando en un convenio por el cual la deuda final que debería pagar con la quita estaría por debajo de los 58 millones de euros. Según fuentes cercanas a los juristas encargados de la realización de un plan de viabilidad, se trata de la cantidad que el club y la administración concursal llevan en mente para llegar a un acuerdo con los acreedores una vez el juez abra la fase de convenio, que en principio se dilatará aún hasta el mes de junio, coincidiendo con el segundo aniversario de la intervención.
Un plan que pasaría, por tanto, por reducir los ya más de 90 millones del agujero en más de un tercio y prorrogar el pago al máximo de cinco años que la ley reconoce, pese a la posibilidad para estirarlo. La quita correspondería aproximadamente a un 45 por ciento teniendo en cuenta, eso sí, que hay acreedores privilegiados que no se verán afectados por esta reducción.
No obstante, hasta el momento no se ha producido todavía ningún contacto físico con el grueso de los acreedores ordinarios, porción en la que están incluidos los ex jugadores a los que se debe los 3,4 millones del ERE —no parecen por la labor de negociar si antes no se soluciona ese asunto pendiente— y que bajo la tutela del letrado Santiago Nebot podrían representar el 20 por ciento de una futura Junta para aprobar o rechazar una propuesta de convenio. De hecho, ellos mismos también están capacitados para presentar uno propio en el juzgado, una posibilidad que en ningún momento han descartado.
Pese al impulso que el Levante ha experimentado con Quico Catalán y su nuevo Consejo, lo cierto es que la salvación económica pasa inexorablemente por el pago de la deuda para evitar bajar la persiana con la liquidación y el proyecto de recalificación de Orriols para conseguir la financiación necesaria y la construcción del nuevo estadio. Dos de los temas cruciales que ayer estuvieron encima de la mesa durante la reunión (bisemanal) de la cúpula granota, de nuevo extensa.
El objetivo del Levante es firmar a la mayor brevedad un convenio de protocolo de intenciones con el Ayuntamiento, con el cual al menos se iniciaría el expediente de recalificación. Ese protocolo serviría de garantía para que los acreedores tengan la certeza de que se les podrá pagar con un patrimonio inmobiliario de suelo edificable. La clave, eso sí, está en los metros de techo que puedan obtenerse para sacar adelante el proyecto de seguir en Orriols sacándole el máximo beneficio a esa zona ´recalificable´.
De todas maneras, según varios de los protagonistas consultados, más que el protocolo lo que valorarán los acreedores es el plan de viabilidad, es decir, la manera en la que el club gestionará sus activos.
