El Castellón, club fundado en 1922, está viviendo uno de los momentos más delicados de su larga existencia. Una crisis institucional, económica, social y deportiva que lo han llevado a una encrucijada que hace díficil vislumbrar su futuro. Unos máximos accionistas, Castellnou2005, encabezados por Antonio Blasco y José Manual García Osuna, repudiados por todos los estamentos del club y la ciudad; un presidente, Fernando Miralles, que lleva la gestión de la entidad, pero que sigue sin hacerse con el grueso del paquete accionarial y lleva tres meses sin pagar al plantel; y una serie de protagonistas en torno al club, que han hecho movimientos para tomar las riendas de la entidad infructuosamente.
Todo ello, en una situación de deuda global de alrededor de 3'5 millones de euros, una retahíla de denuncias de jugadores y técnicos de pasadas campañas, que han impedido al club reforzarse en el mercado invernal, y una plantilla en pie de guerra. Los jugadores no aguantan más y han hecho convocatoria de huelga para el encuentro del domingo ante el Acero, por las tres mensualidades que se les debe y los incumplimientos en las promesas hechas por el presidente Miralles.
Un club histórico al borde del precipicio, con tantas aristas y personajes entrelazados, cuyo devenir empezó a gestarse hace ya algunas temporadas. De las ilusiones renovadas en la campaña 2008-2009, con el equipo albinegro en la categoría de plata, se ha pasado a un club anclado en zona de nadie en Tercera. La deuda fue aumentado, los rectores se alejaron de su masa social conforme crecieron los desaciertos, y un nuevo descenso el pasado verano, ahora por impagos, llevó a un sector de la afición a manifestarse por la ciudad pidiendo la marcha de Castellnou2005. Incluso el entonces alcalde Alberto Fabra amenazó con acudir a los tribunales por su gestión, aunque finalmente ello quedó en el fervor de los días posteriores al descenso.
El panorama desde entonces no ha invitado al optimismo. El Castellón sigue en poder, aunque sea desde la sombra, de Antonio Blasco y José Manuel Osuna, con el 86'36 por ciento de su capital social. El expresidente del Levante y el agente FIFA, respectivamente, están en el ojo del huracán desde hace tiempo. Tienen en contra a los accionistas minoritarios, a la afición y al Ayuntamiento, que tiene bloqueada cualquier ayuda mientras que no se desliguen totalmente del Castellón. Desde el pasado agosto, la imagen visible en la gestión del club es Fernando Miralles. Un presidente sin acciones, de ahí que los dueños reales sigan siendo Blasco y Osuna. Con Miralles al frente, los intentos de obtener más ingresos no han cuajado y los jugadores llevan tres meses sin cobrar. Éstos, hartos según ellos, de sus constantes incumplimientos, se han negado a jugar, aunque el mandatario les ha traslado que pagará en breve, tras su periplo de esta semana en Suiza. En este galimatías que vive el club de La Plana, han aparecido en los últimos tiempos gente dispuesta a tomar el relevo, como el exvicepresidente Jesús Jiménez, el exjugador Francisco Chinchicha o el empresario David Linde, pero Castellnou no cede en sus pretensiones.
Movimientos contrarreloj para evitar la huelga
Van pasando los días y los jugadores siguen sin cobrar al menos una de las tres nóminas que se les debe. El miércoles, el presidente Miralles trasladó vía telefónica al capitán Aarón que está haciendo las gestiones para poder pagar a la plantilla, aunque éstas se habían complicado más de lo esperado. El mandatario, según su entorno, estaría de viaje en Suiza, con la intención de ejecutar unos avales que supondrían unos ingentes ingresos.
A día de ayer, los jugadores no tenían nuevas noticias, por lo que la convocatoria de huelga para el choque del domingo ante el Acero sigue en marcha. De todos modos, hoy ha prevista una reunión en el vestuario para analizar la situación y conocer nuevas noticias por parte del club que puedan evitar este drástico paso de un grupo desesperanzado. Cinco futbolistas abandonaron la entidad en enero y otro grupo quiso hacerlo, pero la entidad no se lo permitió ante el peligro de quedarse sin efectivos, ya que no pueden firmar por denuncias.
