El descenso administrativo del Real Murcia a Segunda División B, permitido este jueves por el juez del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid Javier Vaquer Martín, al levantar la suspensión de la sanción por impago a Hacienda, es el último eslabón de un proceso en el que se mezclan lo deportivo y lo judicial.

La resolución de este jueves tras la vista de oposición celebrada esta mañana entre el Murcia y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) permite que tenga eficacia la sanción de descenso del equipo murciano por impago a Hacienda, al tiempo que mantiene el resto de medidas cautelares dictadas por el magistrado Andrés Sánchez Magro el pasado día 12, entre las que invalida la no inscripción del equipo por no cumplir los 'ratios' financieros de la LFP.

El proceso que lleva a esta situación se abre el día 1 de agosto, fecha en la que la Liga de Fútbol Profesional tenía que inscribir a los equipos de las dos competiciones de Primera y Segunda División. Dos clubes suscitaron dudas de la LFP debido a los controles económicos: el Real Murcia y el Racing de Santander.

El equipo presidido por Jesús Samper superaba, según la LFP, la 'ratio' entre deuda e ingresos establecida para poder ser inscrita en la competición, consistente en que la deuda no superara en 4,5 veces los ingresos previstos.

Este sistema de control había sido aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de la Liga del 16 de junio, y ratificado después por el Consejo Superior de Deportes. Bajo este sistema, el Murcia mostraba una 'ratio' de 5,8 -superior al límite del 4,5- ya que tenía 35 millones de deuda frente a 6 de ingresos previstos.

Entre estas deudas, los impagos con Hacienda del equipo murciano ascendían a los 12,5 millones de euros, para los cuales no había prosperado una solicitud de aplazamiento con el erario público.

Por ello, el gerente de la entidad, Víctor Alonso, reclamaba el 1 de agosto que la 'ratio' quedara sin efecto, y aducía el "corto espacio de tiempo" que habían tenido negociar con sus acreedores, entre ellos Hacienda.

Por su parte, al Racing se le reclamaba alguna información adicional para decidir su inscripción, y tanto a uno como a otro club se les daba cinco días naturales para aportar información adicional.

El equipo cántabro logró presentar los documentos que acreditaban la reducción de deuda a corto plazo antes del día 7 de agosto, cuando la Comisión Delegada decidió finalmente el descenso del Murcia a Segunda 'B' y el ascenso del Club Deportivo Mirandés para ocupar su plaza, al ser el mejor clasificado de los descendidos.

Las razones del descenso descansaban tanto en el incumplimiento del 'ratio' financiero como de los incumplimientos con Hacienda, por los cuales el Juez de Disciplina Social de la LFP impuso al club una multa de 180.303 euros.

El presidente de la LFP, Javier Tebas, explicó la medida en una rueda de prensa en la sede del organismo: "Hay otros clubes con más o menos deuda, pero la tienen aplazada y acordada con la Agencia Tributaria. El caso del Murcia es que le pedían 13 millones de euros en 24 horas", afirmó el presidente de la LFP.

Al mismo tiempo, unos 300 aficionados del equipo grana, con el técnico José Manuel Aira y los capitanes del equipo, se manifestaban en la sede de la LFP en Madrid con lemas como: 'Una región latiendo y la Liga jodiendo' o 'Tebas no tiene un par de limones'.

Recurso ante la justicia ordinaria

Tras la decisión, el día 8 el club presidido por Jesús Samper presenta un recurso ante la justicia ordinaria y reclama medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que no son admitidas por no existir recurso, según informa la LFP el día 9.

Al mismo tiempo, jugadores de la primera plantilla como el delantero Juan Tomás Ortuño "Juanto", deciden abandonar el equipo ante el descenso. El capitán, el argentino José Luis Acciari, apela días después en rueda de prensa a "respetar a los jugadores que decidan irse".

El día 13 de agosto es cuando el proceso toma un cariz judicial, debido a que el juez Andrés Sánchez Magro, del juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, dicta un auto en el que suspense cautelarmente el descenso administrativo al considerar que esta situación haría imposible que el club pague a sus acreedores.

"La sociedad solicitante de la medida se encuentra en situación concursal y la no participación en la competición de fútbol profesional (Segunda A), supondrá tal y como se ha justificado documentalmente la pérdida de unos ingresos, cuya ausencia supone la inviabilidad económica y la imposibilidad de cumplimiento de convenio por sus acreedores", reza el acto.

El presidente del Murcia, Jesús Samper, mostraba su "satisfacción y alivio" por la decisión judicial y anunciaba su intención de reclamar daños y perjuicios a la LFP. Al mismo tiempo, Javier Tebas anunciaba que "en ningún caso" podría ser inscrito el Murcia en Liga Adelante, y afirmaba que la Liga no había recibido ninguna notificación judicial para inscribir al club pimentonero.

A la luz de estos hechos, al día siguiente, la Liga de Fútbol Profesional decide suspender el inicio de la Liga Adelante por las consecuencias del auto judicial, al tiempo que la LFP anuncia la presentación de un escrito de oposición contra la medida.

Ese mismo día, el jueves 14 de agosto, el Murcia recibe la confirmación de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) deniega la suspensión cautelar del descenso por defectos de forma.

El club califica esta actuación como "improcedente" y "nula de pleno derecho", al tiempo que pide al Ministerio Fiscal que actúe contra la LFP por no inscribirle en la Liga Adelante pese a que hay un auto judicial que se lo reclama.

El lunes 18 se producen las reuniones de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del mismo órgano de la Liga de Fútbol Profesional. La RFEF decide que la Liga Adelante debe tener 22 equipos, y el presidente del Murcia Jesús Samper sale de esa reunión seguro de que el Murcia sería uno de ellos.

"Lo que se ha impuesto es la cordura por parte de la Federación Española de Fútbol, que mantiene las condiciones que en su día se aprobaron. La Segunda División son 22 equipos", dijo el presidente del club grana al salir de la reunión.

Sin embargo, la decisión de la Liga de Fútbol Profesional, en una rueda de prensa que se retrasa del mediodía a la tarde y de ahí se demora hasta la noche, es que sea el Mirandés, y no el Murcia, el que figure como club número 22 de la Liga Adelante.

"Existe un convenio desde hace años con la RFEF por el que los clubes máximos son 22, entonces el auto es de imposible cumplimiento", afirmó Tebas en esa rueda de prensa, en la que se emplazaba a la vista en el Juzgado de lo Mercantil en la que dirimiera la oposición de la Liga al auto.

Impagos a Hacienda

Esta vista, celebrada hoy jueves, es la que mantiene la sanción de descenso por impagos a Hacienda, al tiempo que continúa con la posición de permitir la inscripción del Murcia en la LFP por considerar que la sanción por incumplimiento de 'ratios' no está respaldada por un texto legal vigente.

Mientras esperan si este será el último episodio o uno más de la cadena, ya que el auto es recurrible en un plazo de 20 días, si bien la competición en Segunda División tiene que empezar este fin de semana, los jugadores del Murcia suspendieron los entrenamientos el día 19.

"Hasta que no se tome una decisión, la plantilla del Murcia no va a volver a entrenar. La LFP está jugando con nosotros y con una afición y un club. También con los jugadores del Lugo, que no son caballos y no saben si ir la primera jornada a Murcia o Miranda", afirmó el pasado día 20 el capitán murcianista Acciari.

Si nada cambia, este sería el segundo descenso administrativo del Murcia, que fue en 1992 el primer equipo del fútbol español descendido por no transformarse en Sociedad Anónima Deportiva después de una campaña en la que fue el undécimo clasificado de Segunda A en un campeonato que disputaban 20 equipos.

Curiosamente entonces el que hoy es presidente y dueño del Real Murcia, Jesús Samper, era el secretario general de la Liga de Fútbol Profesional, que es el organismo que ahora ha excluido al conjunto grana de la competición.

Sin embargo, el caso del Murcia no es excepcional en nuestro fútbol. En la temporada pasada 2013, el Guadalajara fue descendido de Segunda División a Segunda B por irregularidades en su ampliación de capital.

El caso del equipo alcarreño fue apelado por su directiva hasta llegar a la Audiencia Nacional, que desestimó su recurso el pasado mes de junio, en una sentencia que apreciaba que los intereses comerciales del Guadalajara "no pueden ni deben prevalecer sobre el interés general, representado en este caso por el adecuado desarrollo de la Liga Profesional de Fútbol".

Un club que quiso hacer el camino inverso en los despachos fue el Cádiz, aunque su caso no fue económico, ya que reclamó la invalidez de su descenso a Segunda 'B' y su ascenso a Segunda por un caso de alineación indebida en el último partido de la temporada 2007-2008 en segunda contra el Hércules, en el que empató 1-1 y que, si hubieran logrado la victoria en los despachos hubiera mantenido la categoría. Su recurso fue desestimado por la Audiencia Nacional.

Otros equipos como el Salamanca (2013), el Burgos (1995) o el Torrelavega (2013) también fueron descendidos por motivos económicos de Segunda División B a Tercera. O, en categorías más bajas, el Vecindario fue descendido esta temporada de Tercera a Regional Preferente por impago de cuotas arbitrales.

Dos descensos administrativos que finalmente no fueron tales fueron los de Celta de Vigo y Sevilla en el verano de 1995. Un error administrativo al presentar unos avales provocó su salida de la LFP y el descenso de ambos de Primera a Segunda 'B', con el ascenso automático de Albacete y Valladolid.

La solución fue la Liga de 22 equipos en Primera División, que se mantuvo dos temporadas 1995-96 y 1996-97, ganadas por Atlético de Madrid y el Real Madrid, respectivamente. Al tercer año, volvieron a ser 20 equipos.

Precisamente, una de las opciones de solución del asunto del Murica fue una liga de Segunda División 2014-15 con 23 equipos en la que estuvieran incluidos Murcia y Mirandés.

Finalmente, la RFEF se negó a este extremo y el auto de este jueves del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, despeja esa posibilidad levantando la cautelar y permitiendo el descenso del Real Murcia a Segunda 'B' por impagos a Hacienda.