El fiscal pide cinco años y seis meses de prisión así como una multa de tres millones y medio de euros para el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, quien en su día fuese investigado por supuestos vínculos con la mafia calabresa. Le acusa ocultar a la Hacienda Pública de forma "intencionada" unos ingresos de 6 millones de euros, con vistas al juicio que celebrará el juicio a partir del próximo jueves. En este se abordará en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid la presunta comisión de sendos delitos, en 2008 y 2009, por parte de Sanz.

Según el escrito de acusación del fiscal, el exdirigente merengue y su esposa María Luz Durán Muñoz obtuvieron entre los años 2008 y 2009 unos ingresos de 5.968.975,5 euros que de forma "intencionada" no fueron declarados en el IRPF "para obtener un beneficio fiscal ilícito". Ello supuso que Hacienda dejara de ingresar 1.244.823,34 euros.

Los tres posibles fraudes de Sanz

Sanz, a juicio de la Fiscalía, "ocultó en dichas declaraciones cuantiosas rentas, sujetas y no exentas de IRPF, durante dichos ejercicios". El Ministerio Público describe tres actuaciones. En la primera le acusa de no haber declarado los rendimientos de trabajo fruto de los ingresos obtenidos por la entidad Nuada S.A., de la que era administrador solidario, y por la cesión "gratuita" de un inmueble de dicha sociedad al acusado y a su esposa que, en realidad, constituía su residencia. Actuaciones previas en la citada empresa ya llevaron al juzgado al presidente del Madrid por presunta estafa e insolvencia punible.

La segunda se refiere a las ganancias de patrimonio no declaradas obtenidas de la transmisión en 2008 de 83 participaciones que tenían Sanz y su esposa de la entidad francesa Paradiso S.R. y de la transmisión en 2009 de una vivienda en Marbella propiedad de María Luz Durán. Los ingresos obtenidos en ambas operaciones y no declarados fueron de más de cinco millones de euros (5.252.604,31).

Mientras que la tercera operación fraudulenta se refiere a unos ingresos no declarados de 251.000 euros, que fueron ingresados en las cuentas bancarias del matrimonio mediante transferencias y cheques bancarios "cuyo origen no se ha justificado ni se ha acreditado por la Agencia Tributarias que respondan a disposiciones monetarias u operaciones mercantiles".