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Aurelio Martínez no ablanda el corazón a Bankia

La Fundació no convence aún al blanco para la refinanciación pero Ciscar mete presión a la entidad financiera

28.11.2013 | 10:28

La Fundación, Bankia y la Generalitat se vieron las caras con un importante tema sobre la mesa: la forma de pago de los 81 millones que la entidad financiera prestó a la primera para hacerse con la mayoría accionarial del Valencia, con el aval del IVF. Después de la primera toma de contacto con buenas sensaciones entre Fabra y Goirigolzarri, ayer las partes se reencontraron pero ninguna quiere moverse ni un milímetro.

Aurelio Martínez, presidente del Patronato, pretende una ampliación del crédito a 90 millones y una refinanciación para poder hacerle frente. Por su parte, el banco no está por la labor de pegar patada adelante y exigió a Martínez un plan creíble „que está analizando la firma KPMG, que tiene el encargo de Bankia de buscar inversores„ y que se lo presente el próximo lunes. Por otro lado, el conseller de Hacienda, Moragues, defendió la postura del ejecutivo valenciano, que es apoyar a la Fundación en su petición de refinanciación pero descartando una nueva ampliación del préstamo para no volver a inflar el aval.

El propio vicepresidente José Ciscar hizo pública la postura del ejecutivo valenciano en su rueda de prensa. «La Fundación tiene un plan económico y la voluntad de la Generalitat es que Bankia refinancie el crédito en base a ese plan, que pasa por ampliar el plazo y por adaptar el préstamo a las posibilidades de la Fundación en tiempo y condiciones», dijo el conseller, que cree que Bankia tiene «buena predisposición» a llegar a un entendimiento, pese a que las posturas en la reunión de ayer no quedasen tan cercanas. Ciscar de este modo puso la pelota en el tejado de la entidad financiera, a la que parece que, al menos de momento, no se le ablanda el corazón con las buenas intenciones que presenta el Patronato presidido por Martínez.

Y es que Ciscar tiene claro que a la Generalitat, de momento, no le queda otra que conformarse con su condición de avalista del préstamo. «Actualmente nuestras prioridades son otras, pero cuando hay una decisión judicial de obligado cumplimiento no hacerle frente puede constituir una infracción penal. Las decisiones judiciales siempre se tienen que acatar nos guste más o menos. El Govern no quiere poner ni un euro de ese aval pero todo esto va condicionado por las decisiones judiciales», sentenció el vicepresidente del Consell, que no estuvo en esta reunión.

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