El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria llamará a declarar al expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler, al exalcalde Francisco Tarazona y a diversos cargos orgánicos de la Conselleria de Territorio y Vivienda que participaron en la tramitación del "pelotazo" del denominado PAI de Porxinos. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado tras la reunión constituyente de la comisión de investigación de este plan urbanístico, que también ha decidido citar a todas las personas y cargos que hayan intervenido, de una u otra manera, en el mismo.

En la reunión han estado presentes los seis partidos políticos, encabezados por el alcalde Robert Raga. Entre los acuerdos refrendados este miércoles por todos los partidos destaca la solicitud que cursará el Ayuntamiento de Riba-roja al Registro de la Propiedad de Benaguasil sobre todo el movimiento de compra y venta de terrenos en la partida de Porxinos y en los alrededores entre los años 2004 y 2005 -fecha de tramitación y aprobación del PAI- para "depurar posibles casos de información privilegiada o un posible delito de tráfico de influencias en los mismos". La decisión de crear una comisión de investigación se adoptó por unanimidad de todos los partidos políticos con representación en el pleno del pasado 22 de julio tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por diversas irregularidades sobre el denominado PAI de Porxinos.

Este PAI preveía la construcción de la futura Ciudad Deportiva del Valencia CF, un campo de golf y, por último, la edificación de 2.440 viviendas, dentro de un programa urbanístico rubricado en abril de 2005 por Soler, Tarazona y el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, que cumple condena por la primera pieza del caso Cooperación. El actual alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha calificado de "muy positiva" la reunión mantenida "en la que buscamos aportar la transparencia y la falta de información que durante aquellos años se nos hurtó a los partidos que entonces estábamos en la oposición y que ahora todos tenemos el derecho y la obligación de conocer de primera mano".Esta comisión de investigación, según Raga, "llamará a declarar a todas las personas que participaron de una o de otra manera en todo el proceso administrativo que fue necesario desde el principio y hasta el final en este plan urbanístico".

Robert Raga ha recordado que una sentencia del Tribunal Supremo "tumbó" el PAI a finales de junio pasado "al detectar diversas irregularidades y anomalías en el planteamiento del mismo y que ahora puede desencadenar cuantiosas indemnizaciones por parte del Ayuntamiento de Riba-roja de hasta 22 millones de euros de las arcas municipales. En modo alguno se trata de una comisión creada desde el rencor ni desde el revanchismo político -ha matizado el alcalde-, sino que el objetivo principal es conocer qué ha sucedido y cuáles han sido las causas que nos han conducido a la situación actual".