El Valencia CF y el Instituto Valenciano de Finanzas mantuvieron una reunión este miércoles de la que el club esperaba una postura firme de apoyo a su batalla legal contra la sanción de la Unión Europea. En la misma el club trasladó al IVF que tiene ahora mismo base jurídica muy sólida para hacer frente al proceso, algo que considera determinante para que la Generalitat Valenciana vaya también de la mano ante lo que la propia presidenta Layhoon considera una sanción «desproporcionada»Layhoon por parte de las autoridades comunitarias. Todo apunta a que será así y, al menos hasta que haya una sentencia definitiva, todos estarán del mismo lado.

La cita fue en la sede del propio IVF y acudió a la misma Anil Murthy, consejero ejecutivo y persona de confianza de Peter Lim que se incorporó hace poco más de un mes a la estructura directiva. Allí, el Valencia CF trasladó toda la información respecto al recurso que ha planteado en Bruselas y también sobre la solicitud que ha presentado para obtener la suspensión cautelar del pago de los 23,3 millones de euros requeridos, que tendría que hacer efectivo antes del próximo 6 de noviembre. Todo apunta a que la Generalitat Valenciana acepta los motivos y explicaciones y apoyará una postura común con el club para evitar el pago inmediato o el bloqueo en una cuenta bancaria de esa importantísima cantidad, toda vez que no podría disponer de ella hasta que se resuelva el contencioso entre el Valencia y la Unión Europea.

El movimiento legal del Valencia consiste en un recurso ante la Unión Europea y la justicia española contra la sanción en sí y otro para intentar que Bruselas acepte posponer el pago. La petición ha sido admitida y está en estudio, por lo que se espera que la respuesta se produzca antes del domingo. En su reclamación, el Valencia hace constar que hizo frente a sus compromisos y liberó al Instituto Valenciano de Finanzas de la carga del aval desde el mismo momento de la compra de las acciones, abonando todos los intereses devengados hasta el momento y devolviendo a las arcas públicas el dinero que se vieron obligados a poner por el impago de la Fundación.

Lo que Bruselas reclama al Valencia es la diferencia entre el interés que el IVF cobró por poner el aval a la Fundación con el que se adquirió la mayoría accionarial del club, posteriormente transferida a Meriton, y el interés superior que las autoridades comunitarias consideran ajustado a mercado para que no se considere una ayuda pública, aunque el diferencial establecido por la Comisión Europea lo consideran excesivo tanto el Valencia CF como muchos expertos.