El Tribunal General de la Unión Europea ha denegado la suspensión cautelar que el Valencia CF solicitó para evitar el pago inmediato de la sanción de 23,4 millones hasta que se resuelva de manera definitiva el recurso que la entidad presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una decisión que formalmente supone que en cuestión de días desde Bruselas se cursará orden e instrucciones para proceder al cobro de esa cantidad más los intereses que haya podido generar desde que se pidió la suspensión hace casi año y medio. La noticia provocó de inmediato una serie de reacciones, el director general del IVF compareció en rueda de prensa de manera urgente para explicar en qué punto está el caso y el Valencia CF emitió un comunicado en el que se reafirma en su deseo de que «la causa principal finalice pronto con un resultado justo para el VCF».

No deja de ser curioso que, tanto el sancionado que debe pagar como el beneficiado que es el que cobra, estén del mismo lado. Así lo desea el club al afirmar en esa misma nota que «confiamos en que la Generalitat, a través del IVF, como la parte que recibirá la orden de reclamar ese montante, siga apoyando los esfuerzos del VCF para gestionar esta decisión del Tribunal General». La respuesta la tuvo esta misma tarde del jueves con las declaraciones de Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas, que se mostró más dispuesto a colaborar que nunca. Ahí están sus palabras: «Vamos a estar del lado de los clubs, hemos coadyuvado ante la UE. Hemos considerado que esta decisión era injusta. El Valencia devolvió los 71 millones avalados. Estamos hablando de un diferencial de intereses de una cantidad que al final se pagó. Estamos en defensa de los intereses de las empresas valencianas. En el caso del Valencia es especialmente sangrante, pero no podemos dejar de cumplir las sentencias».

¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? En principio, en cuanto llegue la orden de proceder al cobro todo apunta a que Valencia e IVF se reunirán para establecer una postura coordinada en base a un acuerdo de pago aplazado, que habría de aprobar Bruselas. Con ello se ganaría más tiempo hasta que se resuelvan todos los recursos y apelaciones. «El Valencia se ha manifestado reiteradamente respecto a la posibilidad de un aplazamiento», explica Illueca. «Y nosotros lo acogeremos. Iremos con el Valencia si es que ha lugar y veremos cuál es la posición de la Comisión Europea. En breve recibiremos instrucciones al respecto. Entendemos que habrá un recurso, que el Tribunal deberá pronunciarse y si lo admite seguiremos como hasta ahora. La Ley dice que el pago debe ser efectivo e inmediato. La sentencia hay que cumplirla, pero si se nos deja cumplirla de la forma que menos perjudique al Valencia, lo haremos».

La sanción, recordemos, se produce porque una investigación de la Comisión Europea sobre posibles ayudas de estado ilegales concluyñó que tanto Valencia como Hércules y Elche se beneficiaron de un aval público para obtener créditos en condiciones ventajosas con los que se compraron las acciones de dichos clubes. Bruselas ha recalculado el coste de esos avales en base a las condiciones que estima eran en ese momento de mercado y sanciona a los clubes con abonar la diferencia entre los intereses que se pagaron -tampoco se pagaron- y los resultantes de su cálculo.