La sanidad sigue siendo una de las principales preocupaciones que afectan a los españoles, según revelan los últimos datos del Barómetro del CIS del pasado mes de enero (ocupa la 6ª posición, con un 9.9%). España cuenta con un sistema sanitario de titularidad pública sólido y solvente, pero carente de la flexibilidad necesaria y de la capacidad de adaptación a la nueva realidad socio-demográfica a la que nos enfrentamos; esta situación está ocasionando una España de dos velocidades en lo concerniente a accesibilidad a los centros y servicios sanitarios.

La titularidad del centro no es una preocupación evidente para los ciudadanos, tal y como se ha podido comprobar en tantas ocasiones. Sin embargo, una atención pronta, ágil, eficaz y con los mejores resultados de salud posibles sí que es una prioridad, como lo demuestran las diferentes encuestas realizadas tanto en España como en la Unión Europea. Estas necesidades y derechos quedan contemplados en la propia Ley General de Sanidad y las normas que la acompañan, como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o la de Autonomía del Paciente. En este contexto las listas de espera de la sanidad de titularidad pública, tanto para diagnóstico como para consulta al especialista o para intervenciones quirúrgicas, constituyen uno de los principales problemas que sufre nuestra sociedad y suponen el mayor déficit de calidad de nuestro sistema.

A pesar de las medidas interpuestas por las diferentes comunidades autónomas para tratar de controlar las listas de espera, los resultados siguen siendo pobres y la brecha en los tiempos de espera entre el entorno sanitario público y el privado sigue creciendo tal y como reflejan los informes SISLE - SNS del Ministerio de Sanidad y RESA de la Fundación IDIS fundamentalmente.

La lista de espera quirúrgica estructural en la sanidad de titularidad pública, a fecha de junio de 2017 (últimos datos publicados) afecta a 604.103 pacientes (lejos de los 511.000 que estaban en esta situación a finales de 2014 y los 569.097 de junio de 2016) y cuenta con un tiempo medio de espera de 104 días (83 en 2016). Por el contrario, en la sanidad privada tiene un tiempo medio de espera 28,2 días.

En cuanto a la lista de espera de acceso a consulta de especialista, la cifra alcanza 1.863.270 pacientes con un tiempo medio de espera de 58 días. Por el contrario, en la sanidad privada, el promedio para la atención de las consultas es de 2 semanas.

Por especialidades médicas:

  • Dermatología: 18,11 días de espera media en la sanidad privada frente a 56 días en la sanidad pública (266.840 pacientes en lista de espera).
  • Oftalmología: 14,88 días de espera media en la sanidad privada frente a 66 días en la sanidad pública (332.063 pacientes en lista de espera).
  • Traumatología: 12,99 días de espera media en la sanidad privada frente a 66 días en la sanidad pública (324.359 pacientes en lista de espera).
  • Ginecología: 14,81 días de espera media en sanidad privada frente a 49 días en sanidad pública (100.558 pacientes en lista de espera).

La calidad de los centros, el alto grado de especialización y complejidad asumida, así como la innovación instaurada están generando un incremento en el número de asegurados en el sector de titularidad privada. Junto a estos aspectos que son clave, el incremento continuado en los tiempos de espera de la sanidad pública, tanto en el acceso a consultas con especialistas como a la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, ha impulsado más aún si cabe dicho crecimiento continuado; actualmente el 21,3% de la población dispone de cobertura sanitaria privada. Desde enero a septiembre de 2017, el número de personas con un seguro privado ha aumentado un 6% (medio millón de asegurados más).

La sanidad privada cuenta ya con 8,2 millones de asegurados, a los que hay que sumar los cerca de 2 millones de funcionarios de la administración central que eligen el sistema de provisión privada; es decir, más de 10 millones de personas que en nuestro país están contribuyendo de manera significativa a la descarga financiera y asistencial del sistema público de salud.

En términos de descarga de presión financiera, se estima que el ahorro generado en 2016 por el seguro privado se situaría alrededor de los 4.470 millones de euros (si el ciudadano realiza un uso mixto de la sanidad, consumiendo recursos públicos y privados) y 8.847 millones de euros (si usa exclusivamente el sistema privado).

Este ahorro redunda en beneficio de los propios pacientes del sistema sanitario público y supone una mejora de la equidad, la cohesión, la incorporación de la innovación y el acceso al sistema sanitario, contribuyendo de esta forma a no aumentar unas listas de espera calificadas como inaceptables, unas listas que el sistema público no es capaz de absorber y que generan tanta incertidumbre e inquietud en la población.

Al igual que en otros países de la Unión Europea la sanidad de titularidad privada complementa al sistema público de salud y sin su contribución, en el más amplio sentido de la palabra, el acceso, la equidad, e incluso el propio catálogo de prestaciones y servicios se verían ampliamente comprometidos poniendo en serio riesgo la viabilidad de este.

En contraposición con lo que ocurre en otros países de la UE, en España la situación de plétora de las listas de espera en el sistema sanitario de titularidad pública es insostenible, como afirman analistas y expertos, y, lejos de resolverse, se acentúa año tras año una vez que las medidas adoptadas no están ofreciendo los resultados apetecidos.

En palabras de Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS: "la Constitución española y la Ley General de Sanidad garantizan no solo el derecho a la salud a todos los españoles, sino la posibilidad de que los diferentes operadores sanitarios de titularidad privada participen activamente y de forma sinérgica en su cuidado, protección, prevención y gestión".

En este sentido, Manuel Vilches afirma que "sanidad pública y privada no son dos entornos enfrentables entre sí, han de entenderse y cooperar por el bien de nuestra sociedad y de la supervivencia del propio sistema.

En este sentido la Fundación IDIS aboga por que ambos ámbitos asistenciales colaboren y trabajen de la mano con el objetivo común de prestar la atención sanitaria que nuestros ciudadanos se merecen, con los mejores medios y los mejores resultados, dando respuesta a las necesidades y prioridades del paciente. Las dos titularidades están obligadas a entenderse y trabajar conjuntamente por el bien del paciente, por la solvencia y viabilidad del sistema; en definitiva, por el futuro de nuestra sanidad en su conjunto".