Tras lo que los críticos han bautizado como ´catalanazo´, un cambio de poder sin depositar un euro como tabla de salvación con la diferencia de que en esta ocasión se cuenta con respaldo oficial, el Levante afrontará a partir de la primera reunión de su nuevo Consejo, creado a la medida de Quico Catalán y bendecido por las instituciones, la etapa más decisiva y posiblemente peliaguda para garantizar la supervivencia levantinista.

Olvidados los sueños de compra que no pasaron el filtro de la administración concursal, y con una Fundación que en caso de turbulencias carece de cualquier patrimonio pero que aun así ha obtenido un crédito de 5,6 millones que serán fondos propios del club, es momento de arremangarse y proponer un convenio a los acreedores basado en la recalificación del estadio para empezar a salir de una ley concursal de la que otros clubes que entraron a la par que el Levante ya van sacando la cabeza.

La enrevesada situación del club la ha reflejado la auditoría presentada en la Junta por la empresa JLB, la misma curiosamente que analizó las cuentas en los años del ocaso económico y que fue reelegida para tres años más pese a tratarse del punto del día con más votos negativos y abstenciones. «Existe una incertidumbre sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad. Debido a la importancia de las incertidumbres descritas no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales», se lee en el informe, fechado en septiembre.

Sin embargo, en la memoria la administración concursal destaca el apoyo de las instituciones públicas, el crédito a la Fundación para comprar las acciones y los activos inmobiliarios para conseguir el convenio como tabla de salvación. Un convenio que en principio el nuevo Consejo podría depositar en el juzgado con una propuesta de quita del 45 por ciento a la espera de alguna posible propuesta por parte de acreedores, que también están facultados para hacerlo.

Se trata, sin duda, del aspecto crucial que el Consejo de Quico deberá afrontar. Más aún tras desvelar en la Junta que la situación patrimonial del club se ha visto agravada en 7,4 millones de los reflejados en el primer informe concursal por los ajustes de «errores contables», por lo que a junio de 2009 en total asciende a 10,2 millones. Es decir, que aun vendiendo todas las propiedades y activos del Levante el saldo sería negativo en más de 10 ´kilos´. Un desequilibrio este que según los administradores «podrá ser regularizado con la posible quita de los créditos concursales, que deberá contemplarse en el convenio que se proponga a los acreedores y siempre que sea aprobado por la mayoría».