La primera reunión del nuevo Consejo de Administración —18 horas en la sede del club, en el Ciutat de Valencia—, junto a la administración concursal, servirá para oficializar el reparto de cargos y funciones. En un 99 por ciento, Quico Catalán será el presidente, Miguel Ángel Ruiz apunta de nuevo a la vicepresidencia, y la directiva se dividirá en tres áreas: económica, deportiva y social. Más de uno aparecerá... en más de una.

Uno de los temas estrella será el convenio con los acreedores, en el que Quico y los interventores concursales están trabajando meses. Su propuesta que se debe depositar en el juzgado, como ya publicó SUPER, y que hoy será presentada al resto de compañeros de Consejo, pasaría por una quita del 45 por ciento de la deuda para los acreedores ordinarios y una espera de cinco años para empezar a pagar. Es, sin duda, el aspecto crucial que el Consejo de Quico Catalán debe afrontar de inmediato. Más todavía tras desvelarse en la Junta que la situación patrimonial de la entidad se ha visto agravada en 7,4 millones de los reflejados en el primer informe concursal por los ajustes de «errores contables», por lo que a junio de 2009 asciende en total a 10,2 ´kilos´. Aun vendiendo todas las propiedades y activos del Levante, el saldo sería negativo en más de 10 millones. Un desequilibrio que según los administradores «podrá ser regularizado con la posible quita de los créditos concursales, que deberá contemplarse en el convenio que se proponga a los acreedores y siempre que sea aprobado por la mayoría».

El otro punto clave para la nueva directiva es el arranque del procedimiento administrativo para la recalificación del Ciutat. En la Junta del 30 de diciembre, Vicente Andreu dejó caer que este proceso podría estar en marcha en tres meses. Un plazo inmediato que obliga, pese a las gestiones «fuera de la oficialidad», como las llama Quico Catalán, a dirigirse a las autoridades municipales a la mayor brevedad posible. El camino que curiosamente ya emprendieron los penúltimos rectores del club, quienes encontraron las puertas cerradas, eso sí, en otras circunstancias. No hay que obviar, además, que en el pacto desvelado por SUPER entre la administración concursal y Cofiser, los 1,2 millones de Villarroel se aplazaron hasta «que se lleve a cabo la recalificación de su (del Levante) patrimonio inmobiliario por medio del instrumento de planeamiento correspondiente», con la salvedad de que «si en el plazo de tres años —a contar desde el pasado 18 de septiembre— no se ha iniciado el oportuno procedimiento administrativo para obtener la citada recalificación se producirá de forma automática el vencimiento de la cantidad aplazada que será, a partir de ese momento, líquida y exigible». Una vez lograda la recalificación, el siguiente paso será la construcción de un nuevo estadio que permita también la reproducción de ingresos adicionales con un modelo moderno de explotación que ayuden a reequilibrar el balance económico a plazo corto. El informe concursal reflejaba que «una vez recalificados los terrenos habrá que encontrar a un inversor que lleve a cabo las operaciones inmobiliarias propuestas». El futuro coliseo podría seguir en Orriols, aunque tal vez con una orientación diferente.