El nuevo Consejo del Levante celebrará su primera reunión oficial el próximo jueves, pero ya tiene en la mesa una primera misión de calado: acelerar el proceso de recalificación del actual estadio, una gestión necesaria para el convenio con los acreedores y el pago de obligaciones contraídas a futuro como el de 1,2 millones a Pedro Villarroel.

En la pasada Junta de accionistas, Vicente Andreu deslizó que la recalificación podría estar en marcha en tres meses. Un plazo inmediato que obliga, pese a las gestiones «fuera de la oficialidad», como las llama Quico Catalán, a dirigirse a las autoridades municipales a la mayor brevedad. El camino que curiosamente ya emprendieron los penúltimos rectores del club, quienes encontraron las puertas cerradas, eso sí, en otras circunstancias.

Hay que recordar, además, que en el pacto desvelado por SUPER entre la administración concursal y Cofiser, los 1,2 millones de Villarroel se aplazaron hasta «que se lleve a cabo la recalificación de su (del Levante) patrimonio inmobiliario por medio del instrumento de planeamiento correspondiente», con la salvedad de que «si en el plazo de tres años —a contar desde el pasado 18 de septiembre— no se ha iniciado el oportuno procedimiento administrativo para obtener la citada recalificación se producirá de forma automática el vencimiento de la cantidad aplazada que será, a partir de ese momento, líquida y exigible».

Construcción del nuevo estadio

Una vez lograda la recalificación, el siguiente paso será la construcción de un nuevo estadio que permita también la generación de ingresos adicionales con un modelo moderno de explotación que ayuden a reequilibrar el balance económico a plazo corto. El informe concursal, en este sentido, reflejaba que «una vez recalificados los terrenos habrá que encontrar a un inversor que lleve a cabo las operaciones inmobiliarias propuestas». Por otra parte, pese a manejar varias posibles ubicaciones, los últimos tiros apuntan a dejar el estadio en Orriols, aunque tal vez con una orientación diferente.

Aunque eran otros tiempos, los últimos contactos oficiales del Levante con el Ayuntamiento para la recalificación se remontan a abril del 2008, cuando el crédito de Ruralcaja. Entonces ya se constató «la necesidad» de una reordenación.