La Policía Nacional detuvo ayer en Pozuelo de Alarcón (Madrid) a tres hermanos acusados de participar en la agresión que causó la muerte al miembro de los Riazor Blues Francisco Javier Romero. Según El Mundo, al menos dos de ellos habrían participado en la brutal paliza al ultra coruñés.

El más peligroso de los detenidos es el hermano mayor, que cuenta con antecedentes policiales de gran violencia con bandas de extrema derecha ajenas al fútbol. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona de Madrid Río habrían resultado claves para las pesquisas policiales. La investigación se centró desde el primer momento en el entorno de violentas bandas de extrema derecha.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, manifestó este miércoles que "no existe un documento oficial" que acredite que la policía conocía la cita entre los ultras del Atlético y el Deportivo para pegarse el domingo pasado por la mañana, aunque lo investigará. Estas palabras corroboran lo manifestado por uno de los conductores de los dos autobuses que llevaron a los Riazor Blues a Madrid y también la afirmación de los propios integrantes del grupo de aficionados coruñés, que siempre negaron que hubiese "quedado" con el Frente Atlético.

Mientras tanto, la policía, que también defiende que ningún informe del cuerpo previo al partido advirtió de esa quedada, estrecha el cerco para detener a los supuestos autores de la muerte del miembro de los Riazor Blues Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, que ayer fue enterrado en la intimidad.

Tres días después de la reyerta que enfrentó en Madrid Río a más de 200 hinchas ultras de ambos equipos en la mañana del domingo y tras la puesta en libertad con cargos de los 21 detenidos hasta ahora por los incidentes, la Fiscalía anunció que recurrirá la decisión de la juez respecto a nueve de los arrestados al considerar que deben ingresar en prisión.

Y ayer se fijó para el martes la comparecencia en el Congreso de los secretarios de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y para el Deporte, Miguel Cardenal, para informar de los sucesos del domingo.

La policía sigue visionando las grabaciones de la pelea y de todas las cámaras de la zona que hayan podido recoger cualquier detalle que permita identificar a los autores del apaleamiento de Jimmy, mientras que el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid mantiene el secreto de las actuaciones.

En declaraciones a Telecinco, el titular de Interior reiteró que la policía no conocía que se iba a producir una quedada entre aficionados ultras de ambos equipos.

Según dijo, la policía le ha comunicado que "no existe un documento oficial que acredite que se conocía la quedada en Madrid", pero ante las informaciones que señalan la posibilidad de que sí se conociera la cita, Fernández Díaz aseguró que se investigará.

"Algo ha fallado en el protocolo de comunicación, pero sobre todo lo que ha fallado es que tenemos violentos", añadió el ministro, para quien la "prioridad" ahora es identificar a los autores de la muerte del aficionado coruñés.

Fernández Díaz avanzó que se crearán "listas negras" de violentos a los que no se permitirá entrar en los estadios de fútbol, que algunas personas no puedan ocupar determinados lugares en las gradas y que no se distribuyan entradas a peñas violentas. Precisamente, tanto el PSOE como la Izquierda Plural pidieron ayer que el ministro comparezca en la Cámara baja para que aclare si la actuación policial fue correcta. La Policía Nacional, por su parte, defendió que en ningún informe emitido por el cuerpo con carácter previo al partido figuraba "referencia alguna" a la quedada violenta.

Según aseguró un portavoz autorizado de la policía en referencia a las informaciones que apuntan a que había constancia de que esa cita se iba a producir, "ninguno de los informes emitidos con carácter previo al partido Atlético de Madrid-Deportivo de la Coruña figuraba referencia alguna a la quedada violenta entre radicales".

En el ámbito judicial, la Fiscalía de Madrid ha anunciado que recurrirá la decisión de la jueza de dejar en libertad a nueve ultras para los que había pedido prisión y que quedaron libres al igual que el resto de los arrestados por la reyerta.

De todos modos, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, precisó que antes de tomar esa decisión tiene que estudiar los autos que dictó ayer la juez, aunque mantiene que siete de los detenidos de los Riazor Blues y dos del Frente Atlético deben ingresar en prisión por la conducta que mantuvieron durante la reyerta, según consta en el atestado policial, y por sus antecedentes.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, abrió ayer una actuación de oficio a raíz de la muerte del hincha deportivista. La institución informó ayer de que quiere saber también las posibles propuestas de instrucción de expedientes sancionadores derivados de los hechos ocurridos.

Se ha solicitado asimismo información sobre las medidas previstas por el Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, para evitar este tipo de actos violentos en el deporte, de acuerdo con lo que marca la legislación.

El fallecimiento de Jimmy puede llevar a los Riazor Blues a su disolución, un deseo que también tiene el club coruñés y que han expresado familiares de los aficionados radicales. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, por su parte, invitó a todos los organismos a ponerse "a la máxima velocidad" para erradicar la violencia en el fútbol. "Hemos conseguido que se cierren campos, pero llega el momento de que todos nos pongamos a la máxima velocidad para aprovechar la sensibilización social producida por este desgraciado incidente para que signifique la completa erradicación de la violencia en el fútbol", afirmó.