La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la libertad condicional al expresidente del Barça, Sandro Rosell, que se encuentra en prisión provisional en espera de juicio por blanqueo de capitales y organización criminal, y que ha solicitado salir en al menos una docena de ocasiones sin que ni la instructora ni dos tribunales distintos se lo hayan autorizado.

En esta ocasión, es el tribunal presidido por Concepción Espejel, el mismo que va a juzgarle por blanqueo a partir del 25 de febrero, el que deniega su puesta en libertad condicional, pero las razones persisten: Se trata de un individuo conocido internacionalmente y con "contactos con personas y países extranjeros", por lo que existe riesgo de fuga.

Esto, sumado a la inminencia de la apertura del juicio oral, llevan a la Sección Primera de la Sala de lo Penal a denegar la salida en libertad "sin necesidad de entrar en valoraciones relativas a la reiteración delictiva" porque la posibilidad de que se fugue justifica "acordar y mantener la prisión preventiva" hasta el máximo plazo que contempla la ley y que no se ha agotado aún.

En el mismo auto, deniega la petición de libertad condicional solicitada por Joan Besoli, involucrado en el mismo caso y alega que "al margen de la relación personal y profesional" que mantiene con Rosell "y que favorecería su interés por huir de la Justicia", es nacional de Andorra, país que no extradita a sus ciudadanos, por lo que si se refugia allí "es previsible que no compareciera" para su enjuiciamiento.Petición de 11 años de condena

El juicio que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente del FC Barcelona por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal comenzará el próximo 25 de febrero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una condena de 11 años de cárcel y multa de 59 millones de euros para Rosell, mientras para Besolí, su socio, pide 10 años de cárcel y 55 millones de euros de multa.

También serán enjuiciados Marta Pineda, Andrés Ramos, Shahe Ohannessian y Josep Colomer, que de acuerdo a la Fiscalía, están involucrados en una trama de apropiación de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) a partir de la gestión de los derechos de retransmisión de los partidos de su selección así como del contrato de patrocinio de una firma deportiva. La cantidad blanqueada con estas operaciones ascendería a 19.972.612 euros.