El juzgado de Pamplona ha citado a Álvaro Fernández para realizar una prueba caligráfica. El asunto lleva tiempo encausado después de que el AS Mónaco se llevara al canterano de Osasuna en verano de 2017 rompiendo su contrato de manera unilateral y sin previo pago de la cláusula.

La versión del conjunto rojillo, quien no dudó en denunciar tanto al futbolista como al club rojiblanco, es que el guardameta firmó un contrato con una cláusula de 3 millones y que en caso de subir al primer equipo, como así debía ser antes de su fuga, ascendería a los 10 kilos. Álvaro Fernández aseguró que su contrato terminó antes y que él no firmó el que le muestra Osasuna, sino que alguien falsificó su firma.

Curiosamente, Diario de Navarra señala que es precisamente con ese contrato con el que pudo disputar la última campaña en Osasuna Promesas, algo que cuestiona notablemente la versión del jugador y debería obligar a la entidad monegasca a abonar la cláusula o bien arriesgarse a una sanción internacional.