La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este lunes en una vista pública si es competente para enjuiciar el caso sobre los presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa al fondo brasileño DIS en el fichaje del exjugador del FC Barcelona Neymar da Silva o si, por el contrario, deben encargarse los tribunales catalanes.

El futbolista lleva procesado en esta causa desde el año 2016, cuando el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió la investigación a raíz de la denuncia del Grupo DIS, que tenía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador.

Todo ello a pesar de que la Audiencia de Barcelona ya enjuició el supuesto fraude de 13 millones de euros en el fichaje de Neymar, caso en el que se alcanzó un acuerdo de conformidad por el que el Barça fue condenado a pagar cinco millones y medio de euros por delito fiscal.

En esta otra causa, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dirimirá la presunta corrupción entre particulares y estafa denunciada por DIS y junto a Neymar se sentarán en el banquillo de los acusados sus padres y los que fueran presidentes del FC Barcelona y el Santos, Sandro Rosell y Odilio Rodríguez, respectivamente.

Asimismo, se prevé juzgar a ambos clubes como personas jurídicas y a la empresa familiar del delantero, N&N Consultoría Esportiva y Empresarial, por sus presuntas maniobras para inflar el coste del fichaje hasta los 83 millones de euros.

Mientras, la acusación particular que ejerce DIS solicitó seis años de prisión para el exjugador del Barça, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que sean dos años de cárcel y multa de diez millones de euros.

El Ministerio Público pide la pena más alta para Rosell, cinco años de cárcel por delitos de estafa y corrupción, así como solicita dos años para el padre del delantero azulgrana y uno para su madre, Nadine Gonçalves. Mientras, Rodríguez se enfrenta a una petición de tres años.

Multas para los clubes

En cuando a los clubes, a los que el Ministerio Público atribuye los dos delitos, solicita que el Barça abone una multa de 8,4 millones de euros a la que debe añadirse su parte de una indemnización de 3,2 millones en concepto de responsabilidad civil a pagar de forma solidaria junto a Rosell, el presidente del Santos y el propio club brasileño como persona jurídica. El equipo de Brasil tendría que abonar, por su parte, una multa de 7 millones y N&N, 1,4 millones.

El fiscal del caso, José Perals, no ve, sin embargo, que existan indicios delictivos que apunten a la participación del actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu, en las presuntas irregularidades, por lo que le deja fuera de su acusación. DIS, por su parte, pide cinco años de prisión para él.

En la vista de este lunes, a la que no es necesario que asistan los acusados, las partes expondrán sus posiciones acerca de si debe ser la Audiencia Nacional la que juzgue este caso o si, por el contrario, debe ser remitido a los juzgados catalanes.

Las negociaciones para la contratación de Neymar, lideradas en 2011 por Rosell, alteraron, según Fiscalía, el libre mercado del fichaje de futbolistas y perjudicaron al fondo DIS, que se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia "y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso".

El fiscal cifra el dinero 'real' abonado por el fichaje en 83 millones de euros y calcula que como consecuencia de la dinámica desplegada en la contratación, DIS dejó de percibir diez millones de euros, por lo que debería ser indemnizada con 3,2 millones.