El subdirector de Movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), Jorge Ordás, ha afirmado este miércoles 9 de octubre que el uso del casco "debería ser obligatorio para las bicicletas y debe ser obligatorio para patinetes" que circulan por núcleos urbanos.

Así lo ha indicado el subdirector de Movilidad de la DGT durante su participación en la presentación de la campaña 'Circula con cabeza y aparca con corazón', impulsada por la compañía de micromovilidad Voi y la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico (AESLEME), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

En su intervención, Ordás ha defendido que "es muy importante que a estos vehículos se les vea", tras ser preguntado por la obligatoriedad del uso del casco tanto en patinetes eléctricos como en las bicicletas que circulan por las poblaciones.

"La DGT, en este sentido, siempre lo ha tenido claro. El casco debería ser obligatorio para las bicicletas y debe ser obligatorio para patinetes. Son usuarios vulnerables en sí mismos. Independientemente de que vayan a una velocidad distinta al peatón, son usuarios vulnerables en la vía", ha argumentado Ordás.

En este contexto, ha afirmado que Tráfico quiere exigir a los usuarios de patinetes eléctricos el uso de casco y chaleco, y que se disponga de seguro, una obligatoriedad que establecería en "un segundo paquete" normativo posterior a la publicación del Real Decreto de medidas de pacificación urbana.

Asimismo, el subdirector de Movilidad de la DGT ha aclarado que el intento de hacer obligatorio el casco en las bicicletas fue "algo duro de tramitar y no se llegó a conseguir". En este caso, ha proseguido Ordás, la exigencia del uso del casco "no puede ser automática" porque, "posiblemente, exija una modificación en la ley". "Ese es el motivo por el que no nos hemos lanzado", ha aclarado en referencia a la regulación del uso del casco en patinetes eléctricos en el real decreto que ultima Tráfico.

De este modo, el subdirector de Movilidad de Tráfico ha dicho que "no debería quedar mucho" para que se publicara el real decreto y entrara en vigor, pero "la situación actual" --con el Gobierno en funciones-- "impide la aprobación". En todo caso, ha afirmado que está "muy avanzado" y que se ha tenido en cuenta la opinión de todo aquel que ha querido intervenir, registrando más de 400 alegaciones.