El juez rastrea la financiación del PSOE y requiere información sobre las donaciones de Ábalos

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública que se sospecha anidó en el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, ha accedido a las últimas peticiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre las que figura requerir al PSOE para que "en el plazo más breve posible" le entregue las donaciones realizadas o abonadas al exministro entre los años 2014 y 2024, ambos inclusive. La Agencia Tributaria le atribuye haber realizado donaciones al partido por 44.729 euros, pero en los productos bancarios analizados a su nombre solo constan entregas dinerarias por 8.471 euros.

El magistrado ha accedido a todas las peticiones de la UCO para aclarar las "aparentes faltas de sintonía" entre lo cobrado y lo donado por Ábalos. Así solicita conocer los ingresos que en cualquier concepto haya podido recibir Ábalos del Congreso y las donaciones que pudiera haber realizado al Partido Socialista Obrero Español en la década de 2014 a 2024, al no cuadrar información de la cuenta bancaria desde la que se efectuaron con los aparentemente realizados. Los agentes señalan en su oficio "percepciones económicas giradas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales" desde tres y dos cuentas, respectivamente.

El instructor también se dirige al Congreso de los Diputados para pedirle que le "informe en el plazo más breve posible de todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto al investigado José Luis Ábalos [...], precisando detalladamente todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones".

En el caso del PSOE lo requerido es, "además de las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos, las transmitidas por este al partido político, en concepto de donación o por cualquier otro motivo", así como que "se informe de todas y cada una de las donaciones que se hubieran realizado por José Luis Ábalos al partido político".

El auto explica que acuerda estas diligencias de investigación con el propósito de esclarecer “aparentes faltas de sintonía” en la información disponible acerca de la verdadera situación económica de Ábalos. En su oficio del pasado día 8, la UCO señala que han sido analizadas las percepciones económicas imputadas por la Agencia Tributaria a José Luis Ábalos por el Congreso en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas desde el año 2014 hasta el 2024 y consta un total de 751.421 euros.

Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas procedente directamente de la Cámara baja asciende a un total, en esos mismos años, de 79.841 euros. Además, la AEAT atribuye a Ábalos haber realizado donaciones al PSOE por un total de 44.729 euros, y sin embargo, en los productos bancarios analizados a su nombre únicamente existe constancia de entregas dinerarias al PSOE en la década analizada por 8.471 euros.

Empresarios

En otra resolución, el magistrado ha acordado también requerir a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social datos de los empresarios imputados en la causa y de sus empresas, así como de la fundación Fiadelso, para completar la verdadera situación patrimonial de las personas físicas, así como de las personas jurídicas o entidades, en cuyo beneficio pudieran las primeras haber venido actuando.

El juez explica que la información que se obtenga podrá ser cruzada con los datos bancarios que ya fueron solicitados a diferentes bancos en los mandamientos acordados hace unas semanas. Así se conocerá “la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los periodos de tiempo durante los cuales determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquellas, al efecto de confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado”.

El requerimiento, también propuesto por la UCO, se dirige primero a la Agencia Tributaria para que aporte el correspondiente Informe de Suministro a los Juzgados, relativo a las personas físicas y jurídicas imputadas en la causa entre el 2014 y 2024, requerimiento que se hará extensivo a la Hacienda Foral de Navarra en el caso de Joseba Antxon Alonso Egurrola y su mercantil Servinabar. 

También requiere a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral de los cinco empresarios imputados (el propio Alonso y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Merino y José Ruz), petición que extiende al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a Koldo García, así como a la exmujer de este, Patricia Uriz.

El magistrado quiere conocer la vida laboral de todos ellos en la última década, “al efecto de conocer el desempeño laboral desarrollado por las mismas en el referido espacio de tiempo y, en consecuencia, el vínculo que aquellas hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban”.