Puigdemont se persona en el caso Tsunami Democràtic tras notificarle su imputación las autoridades francesas

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha formalizado este martes su personación en la causa abierta en el Tribunal Supremo por los altercados que se produjeron tras las protestas convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic, después de que este lunes las autoridades francesas le notificaran su imputación por distintos delitos, entre ellos, el de terrorismo.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, solicita a la instructora del procedimiento en el Supremo, Susana Polo, que le notifique toda la causa y que le conceda plazo para poder también pronunciarse en relación con la aplicación de la ley de amnistía. Las autoridades francesas le entregaron los autos dictados hasta ahora, en los que constaba la apertura de la causa y su imputación en el procedimiento abierto en el alto tribunal.

Se da la circunstancia de que la actuación de los gendarmes coincidió en el tiempo con las palabras de la presidenta del partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional, Marie Le Pen, que anunció que no dejaría operar a Puigdemont en suelo francés con una reclamación judicial española pendiente. Sus palabras fueron respondidas por el propio Puigdemont a través de la red social X.

"Lo de Marine Le Pen, que ha actuado como un títere de los franquistas de VOX, me ha 'pillado' justamente en París. No solo voy a volver, sino que voy a hacer frente a todos los intentos de aplicar leyes franquistas que impiden la libertad de movimientos a los ciudadanos europeos", afirmaba desde su cuenta.

La magistrada instructora de Tsunami en el Supremo, Susana Polo, concedió un plazo de 10 días a las partes para que se pronunciaran sobre la aplicación de la amnistía. Fue el mismo plazo que concedió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón respecto de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el resto de imputados que no están aforados. La Sala Segunda y el juez Pablo Llarena, en cambio, concedieron solo cinco días para determinar si debían aplicar la ley una vez había entrado en vigor.