La UCO reclama en el 'caso Sepi' documentación en Correos, en Transición Ecológica y en oficinas dependientes de Hacienda

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en el Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular es Sara Aagesen, en el marco de la investigación del caso SEPI en el que permanecen detenidos la calificada como "fontanera" del PSOE Leire Díez, el empresario Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. Está previsto que los tres pasen a disposición judicial este sábado en la Audiencia Nacional.

"El ministerio ha entregado la documentación solicitada por los agentes con total colaboración y transparencia", confirman a EL PERIÓDICO fuentes del Gobierno, que concretan que los agentes se han centrado en "dos expedientes administrativos". Las mismas fuentes han defendido que los expedientes aportados "fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos", informa David Page.

También hay requerimientos de información en la Dirección General de Patrimonio y en el Tribunal de Recursos Contractuales, dependientes de Hacienda, pero no en la sede principal del Ministerio que encabeza María Jesús Montero.

Asimismo, los uniformados han reclamado documentación en Correos y en la empresa pública Cofivacasa, también dependiente de la SEPI. Fuentes próximas a la investigación insisten en que no se trata de registros, sino sólo de requerimientos, que se unen a los ya realizados en tres empresas públicas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez: Sepides, Mercasa y Enusa.

Nuevas pruebas

Los integrantes de la Guardia Civil acudieron este jueves a las sedes de las tres firmas, participadas por la SEPI, en busca de pruebas para determinar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. En todos los casos han sido objeto de registros para requerir documentación. También se personaron en la sede de la SEPI, en Madrid.

La firma pública Sepides -integrada en la SEPI- tomó una participación del 25,5% en julio de 2021 de Cistec Technology, en la que Leire Díez era consejera. Y lo hizo en plena crisis por la pandemia de covid y cuando la empresa presentaba pérdidas. La presencia de capital público en la firma duró hasta marzo de 2022, cuando Cistec recompró esa cuarta parte de su capital.

La UCO registró también la sede en Zaragoza de Forestalia, la empresa aragonesa que en menos de una década ha pasado de simbolizar la nueva era de las energías renovables en España a poder convertirse también en un actor estratégico de la revolución digital que vive Europa.

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