El juez Peinado aplaza la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez solicitada por las acusaciones

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se enfrenta a una imposición de medidas cautelares que resolverá el juez Juan Carlos Peinado en las próximas horas (o días) en relación con la causa en la que le imputa hasta cuatro delitos de corrupción.

Durante la vista preliminar celebrada este lunes -- y que supone el final de la instrucción que inició contra ella en abril de 2024-- las acusaciones populares han pedido que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del país sin autorización, comparecencias ante el juzgado cada 15 días y que no pueda obtener rédito económico de la empresa que creo en relación con el 'software' creado para su cátedra en la Complutense. El juez no tomará una decisión este lunes, lo hará en los próximos días según las fuentes jurídicas consultadas.

Gómez entró al Tribunal de Instancia de Madrid por el garaje, en cumplimiento del acuerdo gubernativo dictado por la presidenta de este órgano, la magistrada María Jesús del Barco. Se sentaba por quinta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, que la imputa cuatro delitos de corrupción y la había citado para una vista preliminar obligatoria antes de cerrar su instrucción y sentarla ante un tribunal del jurado.

La presidenta del tribunal accedió a lo solicitado por María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, para evitar que tenga que entrar a pie por la puerta, algo que sí tuvieron que hacer el resto de imputados -su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-- así como su abogado, el exministro de Justicia Antonio Camacho y el resto de partes personadas.

Más cautelares

Para la asistente en Moncloa Cristina Álvarez se han solicitado las mismas medidas de prohibición de salida del país y comparecencias quincenales, mientras que para el empresario Juan Carlos Barrabés no se ha solicitado ninguna medida cautelar.

Los tres investigados estaban compelidos a comparecer personalmente en el trámite judicial, que se regula en el artículo 30 de la ley del jurado. En su auto de citación, el titular de la plaza de instrucción número 41 de Madrid ya advertía de qué ocurriría si eludían dicha obligación, pues podrían ser "conducidos por la fuerza pública" hasta la sede judicial, si bien la petición desde Presidencia para que Gómez acuda directamente desde el garaje del edificio del tribunal parece despejar dudas sobre su segura asistencia a la diligencia de este lunes.

Medidas cautelares

El juez ya añadía en su auto de citación que, tras la comparecencia, se podría adoptar "alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de que tanto Gómez como el resto de procesados "traten de eludir la acción de la justicia". Es decir, si las acusaciones solicitaban la retirada del pasaporte o incluso el ingreso en prisión de la mujer de Sánchez mientras se espera que llegue el juicio, el juez lo valoraría y adoptaría una decisión al respecto. Y así ha ocurrido.

En todo caso, acusaciones populares, bajo la dirección letrada de HazteOír, que piden una pena de 24 años de cárcel para Gómez, ya señalaban en su escrito de acusación que las medidas cautelares a adoptar contra los tres procesados debían pasar porque que se les prohíba salir de España sin previa autorización judicial, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada quince 15 días en el juzgado. Sobre estos parámetros debe pronunciarse ahora el juez.

En sus últimas resoluciones, el juez ha puesto negro sobre blanco las penas previstas para los cuatro delitos que atribuye a la mujer de Sánchez, que son el de tráfico de influencias (que prevé penas de prisión de seis meses a dos años) multa y prohibición de acceso a ayudas o contratos púbicos; corrupción en los negocios (de seis meses a cuatro años); malversación de caudales públicos (de seis meses a tres años) y apropiación indebida (de uno a seis años de cárcel).

Los dos primeros tienen que ver con las cartas de recomendación que mandó como codirectora del curso académico en relación con unos contratos que fueron adjudicados a una UTE en la que participaban empresas de Barrabés por parte del organismo público Red.es, así como con la obtención de la propia cátedra. El resto de delitos se refieren al uso del software creado 'ad hoc' por la Complutense y a las presuntas gestiones realizadas por la asistente en Moncloa en relación con todos estos asuntos.

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