El juez Pedraz imputa en el caso Leire al expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez

Apenas han pasado 24 horas entre que trascendiera un informe de la UCO señalando a Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos, y la decisión del juez Santiago Pedraz de pasarle a la situación de imputado en el caso Leire y autorizar a los investigadores acceso a su móvil. Desde este viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional incluye a Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE, entre los investigados en la trama de obtención y facilitación de contratos con cargo a empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, posteriormente, la red para entorpecer investigaciones policiales y judiciales en torno al PSOE.

El juez comparte el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este mismo viernes también pedía la imputación de Serrano a la vista del informe policial. El ex presidente de Correos comparte la condición de imputado con otro alto ejecutivo de la red empresarial del Estado, Vicente Fernández, a quien -según las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil- reportaba como presidente de la SEPI y con quien, junto a Leire Díez, habría formado una comunidad de intereses dentro de la Administración.

La Guardia Civil ha obtenido de Pedraz permiso para volcar datos del teléfono de 'Juanma' Serrano. La Unidad Central Operativa del instituto armado había emitido su último informe para justificar esta solicitud. Pedraz, con su decisión, considera que, en esta pesquisa, podrían hallarse en en el terminal documentos digitales, "vínculos entre los miembros de la organización" o "beneficiarios últimos y destino de los pagos articulados para sufragar, indiciariamente con cargo al PSOE, la actividad desarrollada por la organización criminal, constituida con la finalidad de alterar el normal desenvolvimiento de las investigaciones judiciales".

La petición de la UCO se hizo extensiva, además, para los teléfonos del capitán de la Guardia Civil Juan Yepes -exmiembro de la UCO y supuesto informador de Leire Díez- y de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, pero en estos dos casos Pedraz no concede su permiso, y ordena la devolución de los terminales.

En el mismo auto saca Pedraz de la condición de investigadas a las administrativas del partido socialista Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, para cuyos móviles también había pedido acceso la Guardia Civil. Ambas han quedado citadas como testigos para prestar declaración judicial en la Audiencia Nacional el próximo día 28.

Un peón de la trama

La UCO hace en su último informe una extensa descripción del proceder de Juan Manuel Serrano, al que considera un peón clave en la red de influencias que terminó girando en torno a Leire Díez. Serrano intervino en las maniobras para enchufar a la fontanera socialista en Correos en octubre de 2021, saltándose todos los procedimientos internos establecidos en la empresa para la promoción de su propio personal y falseando una selección externa de personal.

Enchufar a Leire Díez en Correos fue el paso previo, según considera la Guardia Civil, para el desarrollo de un "conjunto de actividades indiciariamente delictivas con el último fin de proteger los intereses del PSOE y, directa o indirectamente, de ciertos miembros del Gobierno, puestos en juego por una serie de causas judiciales".

Una vez que Leire Díez sentó plaza en Correos como ejecutiva en el área de relaciones institucionales, la nueva jefa habría canalizado, supuestamente con el visto bueno de Serrano, contratos a firmas y despachos de abogados favorecidos por la trama.

Uno de esos bufetes es SDEP & Carrillo Abogados, citado en las investigaciones de la UCO por presunto desvío de sobrecostes a Mediaciones Martínez, firma clave en las maniobras del grupo de amigos de Leire Díez.

El despacho es mencionado por la UCO en su último informe, contando que Leire Díez "hizo constar que deseaba que SDEP se convirtiese en el "despacho de referencia" para cuestiones tales como el "asesoramiento directo a la presidencia" de la empresa pública postal. El "despacho de referencia", entre 2022 y 2024, hizo 25 pagos a Vicente Fernández, transferencias de entre 4.000 y 20.000 euros de media hasta acercarse al cuarto de millón de euros, que la UCO considera comisiones.

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