El Gobierno considera la condena a David Sánchez como un intento de "dañar" a Sánchez "a través de su familia"

El Gobierno y el propio Pedro Sánchez siempre encuadraron las causas judiciales contra Begoña Gómez y David Sánchez como un intento de "acoso" para hacer mella en el Ejecutivo. Tras la sentencia condenatoria al hermano del presidente del Gobierno con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años, desde el Ejecutivo replican que el proceso ha tenido "un único origen, que es dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, más directamente, se ha referido a un intento de "derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas". En un mensaje a través de las redes sociales, el titular de Transportes ha apuntado así que "esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales". La resolución se ha hecho pública al mismo tiempo que el jefe del Ejecutivo asistía en París al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en la inocencia del hermano del jefe del Ejecutivo y confiado en que sea revocada por instancias superiores. Tras recordar el origen en la "denuncia de una organización ultraderechista", Saiz ha apuntado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "nunca ha habido acusación particular" y que "la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones", pidiendo su absolución. De ahí que se haya mostrado confiada en que instancias superiores "constatarán la inocencia" de los condenados.

Distintas fuentes avanzan que se recurrirá - cabe recurso en plazo de diez días ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura - y en las filas socialistas se muestran seguros de que "la justicia hará justicia" en segunda instancia, esperando la revocación de la sentencia. "No había ninguna prueba de ningún delito y esperábamos la absolución", reconocen fuentes de Moncloa sin dejar de apuntar al "precedente" de la condena al fiscal general del Estado para hablar de "sentencias injustas".

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años, en total a 18 años.

"Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos pierde la democracia"

Rebeca Torró

— Secretaria de Organización del PSOE

Desde el PSOE, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha sido igualmente contundente al asegurar que este caso "forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio". "Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos", concluye en la misma línea, "pierde la democracia".

"Ninguna presión o influencia"

En Ferraz sostienen que todos los sentenciados "son inocentes" y aunque dicen que respetan la sentencia, muestran abiertamente su discrepancia. Asimismo, inciden en que "la propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia. No hay que olvidar que todo este proceso nace de una denuncia de Manos Limpias basada en 'fake news' y que tanto la defensa como la Fiscalía sostuvieron que no existía base penal suficiente y pidieron la absolución”.

Durante su comparecencia en el Congreso para abordar los casos de corrupción que cercan al PSOE y al Gobierno, Pedro Sánchez aseguró, “sin el más mínimo grado de duda”, que las investigaciones contra Begoña Gómez y David Sánchez “se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y derribo que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales”.

Enmarcó así ambos casos en una suerte de ‘lawfare’ desde diferentes estamentos, apuntando desde “la difusión de informaciones falsas a través de determinados 'pseudomedios'” hasta “las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan, exclusivamente, en recortes de prensa de esos 'pseudomedios'”, pasando por la “apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años, sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados”.

“Primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño”, resumió, para abundar en el “daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación”.

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