El hombre que disparó en la cabeza del guardia civil Juan Carlos Sanz hace veinte años y siete meses ya no está tranquilo. La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones por un crimen cometido el 2 de febrero de 2001 en las calles de Madrid y que el juez había decidido archivar y cerrar contra el criterio de la policía y la familia de la víctima. El martes, 28 de septiembre, están citados a declarar como investigados tres de los supuestos implicados en el crimen, según ha podido saber CASO ABIERTO. El cuarto, según las pesquisas de la policía, falleció hace unos años.

"Estamos satisfechos y nerviosos", explica Óscar Sanz, hermano del guardia civil asesinado, que añade que la decisión de la Audiencia permite que "el crimen de mi hermano no prescriba ni se cierre y que se pueda hacer justicia". Habla por él y por su madre, que cada día acude al cementerio a ver la tumba de su hijo mayor.

Su padre luchó por averiguar quiénes habían atacado a su hijo y murió 14 años después del crimen sin conseguirlo. Durante los últimos tres años, la UDEV de la Policía Nacional ha realizado una completa investigación que le ha permitido reconstruir los últimos pasos del guardia civil y poner nombre a sus agresores.

Noche libre

Juan Carlos Sanz tenía la noche libre aquel 2 de febrero de 2001. Acudió con un compañero destinado como él en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) a tomar copas a la zona de Carabanchel. Cuando iban a irse a casa, en la calle Pinzón, vieron dentro de un todoterreno a cuatro individuos que les miraban fijamente y les parecieron sospechosos. Se identificaron como guardias civiles, les ordenaron bajar del coche y, cuando iban a detenerlos, se produjo una pelea. El guardia civil Sanz fue acuchillado en el cuello y le dispararon un tiro mortal en la cabeza. Su compañero recibió dos puñaladas, aunque pudo salvar la vida.

Detalle de una de las balas halladas en el lugar del crimen. CASO ABIERTO

Las investigaciones, que apuntaron incluso a un posible atentado terrorista, se estancaron hasta que en febrero de 2019 la policía identificó a uno de los cuatro implicados y revisó su círculo de amistades, algunos de ellos veteranos delincuentes conocidos en el barrio. Tras meses de pesquisas, dos de ellos confesaron a los agentes que habían participado en la pelea, aunque echaron la culpa del crimen a otro. Los agentes localizaron incluso el todoterreno, un Nissan Patrol, en el que los agresores huyeron del lugar.

En enero de 2021, la policía entregó un informe con sus hallazgos al juez encargado de la investigación, titular del número 6 de Madrid, que, pese a todo, y con el acuerdo del fiscal, decidió cerrar el caso sin llamar a declarar a ninguno de esos implicados.

En febrero, al cumplirse veinte años del crimen, el caso podía prescribir y, como denunció el hermano del guardia civil en El Periódico de Catalunya, "si los asesinos se presentan en un juzgado y cuentan cómo mataron a mi hermano, al rato salen libres por la puerta principal". Ahora, la Audiencia de Madrid ha obligado a reabrirlo y de momento, los sospechosos entrarán al juzgado para declarar por el crimen.