El fiscal ha frenado, por el momento, la búsqueda policial del empleado que el pasado 4 de enero controlaba la actividad en el castillo hinchable de Mislata en cuyo siniestro murieron dos niñas de 4 y 8 años y sufrieron heridas otros nueve menores. 

El representante del Ministerio Público se ha opuesto a que los agentes del grupo de Homicidios intenten identificar a ese chico joven y posiblemente magrebí que describieron más de 13 testigos presenciales –desde padres de menores afectados a usuarios del recinto ferial– como la única persona que controlaba la actividad en el hinchable, y cuyo testimonio sería fundamental para aclarar si las ataduras de la atracción eran correctas o la razón por la que el feriante decidió mantener la instalación a pesar de las rachas de viento cada vez más fuertes que se venían sucediendo desde primera hora de la tarde de aquél día.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional lleva desde enero intentando dar con ese joven, del que se tiene la certeza de que nunca estuvo contratado por el feriante, ya que este lleva negando su existencia desde el primer día que los investigadores comenzaron a preguntarle por el chico, tras escuchar por boca de los testigos no solo que era la persona que controlaba los tiempos de uso de la atracción y quien certificaba los tiques, sino que fue el único que trató de ayudar cuando el hinchable se levantó del suelo por la última racha de viento, lanzado por el aire a los niños que estaban en su interior.

"Ciertamente, no existe nada que alcance la proporción de la tragedia sufrida, la muerte de dos niñas", argumenta el abogado de los padres de Vera

Pese a que el feriante, uno de los tres imputados, por ahora, en la causa, negó tajantemente la existencia de ese joven y aseguró a los agentes que era él en persona quien validaba los tiques y controlaba a los menores, el fiscal se ha opuesto a esa búsqueda policial alegando que es mejor esperar a que declare el investigado en el juzgado.

El feriante, Alejandro C., no está citado hasta el 9 de junio, esto es, dentro de mes y medio desde ahora y seis meses después del siniestro que segó las vidas de Vera, de 4 años, y de Cayetana, de 8.

La jueza ha dado por buena la oposición del fiscal, que traduce en su auto como que obedece "al estado incipiente de la instrucción" y a que considera que "es una medida no proporcional", rechazando la solicitud del grupo de Homicidios para que autorizase la solicitud del tráfico de llamadas en el entorno del recinto ferial durante el día de la tragedia y del teléfono del feriante en los días anteriores y posteriores.

Ese mismo método de investigación es el que ha permitido averiguar que el ingeniero particular contratado por el feriante para certificar el castillo y las otras 23 atracciones de la Feria de Navidad de Mislata realizó esa supervisión desde Elche, tal como adelantó el miércoles en exclusiva Levante-EMV, y no presencialmente, como él mismo había declarado ante la Policía Nacional, ya que han comprobado que su teléfono móvil no se movió de la ciudad ilicitana, donde tiene su despacho ni el día del siniestro ni los inmediatamente anteriores o posteriores.

La Policía basaba su petición en que el resto de métodos de investigación empleados –el análisis de una fotografía y un vídeo, entre otros– no han permitido identificar al joven. La Policía ya advertía al juzgado de que "es habitual entre los feriantes" ‘contratar’, de palabra y por sueldos "mínimos", a jóvenes y adolescentes desempleados o en situación económica precaria en cada punto geográfico donde montan sus instalaciones, lo que dificulta su rastreo, ya que una vez que finaliza el desmontaje final, no queda rastro de ellos.

Ese argumento es el que utiliza, entre otros, el abogado de los padres de Vera en su recurso a la jueza para que reconsidere autorizar ese rastreo de la huella telefónica del empleado ‘fantasma’ del feriante. El letrado recuerda que es muy probable que se trate de un joven inmigrante de origen magrebí, a juzgar por la descripción de los testigos, por lo que su presumible falta de arraigo supone un riesgo más que cierto de que se vaya de Valencia, si no se ha ido ya, por lo que esperar hasta junio para ver si el feriante decide contar una versión distinta a la jueza y al fiscal de la que dio ante la Policía resulta cuanto menos "no beneficioso" para la "perentoria necesidad" de contar con su testimonio.

El abogado de la acusación particular, que aún está esperando la respuesta a ese recurso, tampoco comparte el juicio de que el rastreo telefónico suponga una medida "no proporcional". Así, argumenta que "ciertamente, no existe nada que alcance la proporción de la tragedia sufrida, que ocasionó la muerte de dos niñas, de 4 y 8 años de edad, con toda su vida por delante, así como heridas en otros niños, cuando estaban disfrutando de una jornada lúdica en una feria con atracciones infantiles".