El juez ha imputado a un sargento de la unidad de antidisturbios de los Mossos (Brimo) por la pérdida de un ojo de una manifestante de 19 años a causa del impacto de un proyectil de 'foam' en las protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasel en febrero del 2021, según fuentes jurídicas. Este mando era el encargado del operativo policial ese día y se suma así a otros dos agentes escopeteros que ya estaban siendo investigados y que tendrá que declarar el próximo 1 de junio.

Este miércoles compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, como testimonio el jefe de la Brimo en Catalunya, que ratificó como máximo responsable de los protocolos que dictan cómo se deben usar 'foam'. Es decir, con un mínimo 20 metros de distancia respecto de los manifestantes y siempre apuntando por debajo de la cintura. Este mando precisó que estos proyectiles "no son un arma de precisión", lo que contradice el motivo por el que los Mossos incorporaron estas armas, que supuestamente impactan allá donde el escopetero apunta y, por lo tanto, no rebotan.

Crítica a la actuación policial

El abogado de la asociación pro derechos humanos Irídia, Xavier Muñoz, aseguró al salir del interrogatorio que la distancia mínima de 20 metros para disparar los 'foam' que dicta el protocolo de los Mossos es insuficiente porque, a su entender, las mismas instrucciones del fabricante recomiendan un mínimo de 30 metros, por debajo de los cuales los disparos pueden causar daños "severos". El letrado remarcó que, más allá de investigar a los agentes que intervinieron en la manifestación del 16 de febrero del 2021, las presuntas deficiencias del protocolo del uso de este tipo de proyectil pueden derivar en nuevas responsabilidades de cargos superiores.