Ley del 'solo sí es sí'

"Como víctima, considero una ofensa que se rebaje la condena al violador"

Una joven agredida sexualmente por su jefe tras una cena de empresa en València denuncia "la falta de amparo institucional»" y reivindica su derecho a ser escuchadas en la revisión de sentencias

Elena (nombre ficticio) fue violada por uno de los 182 delincuentes sexuales condenados en 2020 por la Audiencia de València. Tuvo que pasar el trago de la agresión sexual; luego, el frío paso por el hospital y la llegada de la Policía (dos agentes uniformados, en contra de lo que fijan los protocolos de protección a la víctima) y escuchar esa primera pregunta policial: "¿Qué llevaba usted puesto?". Buscaban pruebas para rastrear evidencias biológicas del autor, pero a ella le cayó como un jarro de agua fría porque le sonó "a culpabilidad" y a descrédito.

Después, la tortura del juzgado y la instrucción, el interminable tiempo de espera y el juicio. Preguntas y más preguntas. Descarnadas, invasivas, reiteradas, que acaban por instalar en la víctima la sensación de que nadie la cree.

"Claro que la ley del ‘solo sí es sí’ es necesaria, pero sobre todo lo que necesitamos es el apoyo de las instituciones"

En su caso, su violador, que cuando sucedieron los hechos era concejal del PSPV en Massalfassar, cargo del que fue expulsado al inicio del procedimiento, en cuanto fue procesado, fue condenado a cuatro años de cárcel. Primero por la sección tercera de la Audiencia de València, en julio de 2020, y cuatro meses más tarde por el TSJ, que confirmó la sentencia inicial: mantuvo los cuatro años de prisión por abuso sexual y una indemnización de 10.000 euros a la víctima.

Su sentencia fue tan baja que no es revisable

Hoy, con la ley del ‘solo sí es sí’, ese ataque sexual –aprovechó el semidesvanecimiento de la joven, tras haber ingerido dos copas, la última ofrecida por el acusado, para violarla mientras la llevaba en coche a casa de ella, pese a que dos amigos de la chica circulaban en un segundo coche tras ellos– ya no sería un abuso, sino una agresión sexual. Su sentencia no es revisable porque la pena fue tan baja –cuatro años– que está en el límite inferior del nuevo texto legal. Dicho de otro modo, más baja no puede ser.

La revisión no afecta a su caso, pero está al tanto de la polémica, "aunque no mucho, no sé si por buscar distancia emocional y no volver a recordar al leer o ver las noticias", apunta. Pero sí tiene una opinión sobre lo que está pasando: "Es una ofensa para las víctimas. Desde el principio buscamos un amparo que no encontramos. No tiene ningún sentido que se condene al violador a una pena y que ahora se le tenga que reducir", concluye.

Hay falta de perspectiva de género

Elena está convencida de que sí hay una parte de falta de perspectiva de género –"en mi juicio, la inmensa mayoría eran hombres"– y echa de menos "un mensaje unitario de las instituciones". Como profesional de la docencia, reflexiona: "No puede ser que estemos enseñando a los niños que no es no, que estemos corrigiendo conductas abusivas o machistas y que luego, en las noticias, vean el mensaje contrario desde los tribunales. No es un buen camino".

Hay que escuchar a las víctimas

Sobre la necesidad de que las víctimas tengan voz y voto en este proceso de revisiones, no tiene dudas. "Por supuesto que se debe escuchar a las víctimas. Si no nos escuchan a nosotras, ¿a quién van a escuchar?", se pregunta, para terminar con una petición: "Claro que la ley del ‘solo sí es sí’ es necesaria [su caso fue calificado de abuso sexual y no de agresión porque no se tuvo en cuenta que no podía dar su consentimiento al contacto sexual dado su estado de letargo, algo que ahora sí contempla la nueva ley], pero sobre todo lo que necesitamos las víctimas es el apoyo y la protección del ministerio y del resto de instituciones, incluidas las judiciales".