Cataluña tendrá una financiación "singular y generalizable" y gestionará de forma compartida algunos impuestos

El Gobierno y la Generalitat han acordado este lunes las bases del nuevo modelo de financiación y de gestión tributaria para Cataluña. Un sistema que será "singular", pero también "federal y generalizable", con el fin de que la hacienda catalana pueda gestionar de forma progresiva todos los impuestos. Se trata de un primer paso que se concreta en una gestión compartida del IRPF en 2026, como ha avanzado El Periódico de Catalunya, ya que hasta que no se modifique la ley, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) no podrá asumir la recaudación y gestión de los tributos de forma autónoma.

El Ejecutivo central pondrá en marcha los cambios legislativos después del verano para alumbrar este nuevo sistema de financiación, que hará extensible a otras comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que deberán ser avalados por el Congreso. Mientras, y en paralelo, se avanza en un grupo de trabajo entre los dos ejecutivos para atender a las especificidades que requiere Cataluña, como el refuerzo de la ATC, un aspecto que ERC quiere concretar con la proposición de ley que llevarán a las Cortes para retocar el encaje legal. La Generalitat espera tener alguna concreción antes de terminar el año.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada en el Palau de la Generalitat ha servido para anunciar los 10 principios de la nueva financiación, que respetará el principio de ordinalidad -aunque no se detalla en el acuerdo, sino en el preámbulo- y que contará con una cuota de solidaridad, aunque todavía no se ha especificado la cuantía.

Sin salir del régimen común

Para que la autonomía esté en disposición de recaudar, gestionar y liquidar todos los tributos, como se pactó entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, los dos gobiernos reforzarán la ATC con el despliegue de un plan director que el Govern ha encargado a la empresa Indra y que se conocerá la próxima semana.

Y es que con los recursos actuales de la agencia, en la que trabajan unas 839 personas (a las que se suman unas 200 plazas nuevas, pero aún lejos de los 3.800 de la estatal que trabajan en la comunidad), y los medios informáticos de los que dispone (distintos a los que usa la agencia estatal) es inviable que Cataluña asuma la gestión del IRPF el próximo año en solitario, ya que ahora maneja 5.000 millones de euros de este impuesto que ascenderían a hasta los 30.000 millones si se traspasara hoy.

De ahí que se haya acordado una gestión compartida entre las dos administraciones de este impuesto, como ya se anunció para el tributo a la matriculación, y se seguirá acordando con otros de forma gradual. Una suerte de banco de pruebas para que se entrene el acceso a los datos, los trámites para la recaudación y los métodos informáticos con los que trabaja la hacienda estatal. Sin embargo, no se ha concretado ninguna inyección de recursos del Estado para ello.

Pero esta decisión es también una vía del Estado para defender que la autonomía catalana no sale del régimen común, sino que el nuevo sistema permite otorgar un mayor autogobierno a Cataluña, sin perder la centralidad del modelo conjunto. Con esta nueva arquitectura, Cataluña recabará los ingresos, entregará al Estado un porcentaje de estos para pagar los gastos de los servicios que presta a la comunidad, y el resto lo administrará según sus competencias. Una vez ejecutado este reparto, la Generalitat hará una aportación al Estado -la cuota de solidaridad- y desaparecerían los fondos del sistema actual, como los de compensación o de competitividad, además de los llamados anticipos a Cataluña.

Para el Govern catalán, este modelo supone un "cambio de paradigma" porque pasa de recibir recursos a ingresarlos, lo que avanza hacia una "corresponsabilidad fiscal", que "respeta" al resto de autonomías, pero que otorga un mayor protagonismo a Cataluña. Es por eso que insisten en que lo acordado es extrapolable a todos aquellos territorios del Estado que lo reclamen. Pero para el Gobierno esto no es más que una forma de gestión "en red" y de colaboración entre agencias.

Pendiente de los cambios en la ley

Sin embargo, hay un escollo para que Cataluña asuma la gestión de los impuestos en solitario, que es la normativa vigente. El Consejo de Ministros aprobará después del verano los retoques necesarios (que deberán ser convalidados por el pleno del Congreso) y convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer este modelo extensible a otras autonomías. En paralelo, ERC registrará una proposición de ley en el Cámara Baja, como avanzó El Periódico de Catalunya, para modificar tres leyes vigentes: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común y la Ley de cesión de tributos.

El Consejo de Ministros aprobará después del verano los retoques necesarios (que deberán ser convalidados en el Congreso) y convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Sin embargo, todo quedará en manos de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Una mayoría que se antoja compleja de atar, ya no solo porque impacta en la financiación de otras autonomías y hay reservas en partidos como Compromís por el impacto que tenga la Comunitat Valenciana, y reticencias en Junts, porque no es un concierto económico como el del País Vasco, sino también por el cerco al presidente por los casos de corrupción en el PSOE.

Así que, hasta que no se aprueben los cambios en la legislación, todos los tributos que se acuerde 'delegar' se gestionarán de forma compartida entre la agencia estatal y la catalana; algo que ERC ya ha criticado. Los republicanos creen que lo acordado entre gobiernos se queda corto porque es prácticamente calcado a lo acordado hace 11 meses, para la investidura de Illa, por lo que reclaman más concreciones. Ni PP, ni CUP, ni Vox, ni Aliança Catalana, han acudido a la ronda previa con el Govern para conocer el detalles de las medidas.

La ausencia de Montero

La gran ausencia en la cita ha sido la de la ministra María Jesús Montero, que nunca se ha sentido cómoda en esta negociación, sobre todo desde que asumió el rol de candidata del PSOE en Andalucía, quien ha delegado en el secretario de Hacienda, Jesús Gascón, la máxima representación de su ministerio. Sin embargo, el cargo de mayor rango en la mesa ha sido el del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha recalcado que Montero no forma parte de esta comisión según el reglamento para defenderse de las críticas de ERC. La delegación catalana ha estado liderada por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la de Economía, Alícia Romero.

Torres responde a Page: "No compartimos que sea un despropósito o un chantaje. Tenemos un Gobierno que cree en el Estado de las autonomías"

En la rueda de prensa posterior a la cumbre, Dalmau ha defendido que todas las autonomías comparten que el modelo actual está caducado y que hay que reformarlo, al tiempo que ha defendido que el plan acordado no supone "ningún privilegio" para Cataluña. Torres ha apostillado que el nuevo sistema de financiación debe tener en cuenta "las necesidades y singularidades" tanto de Cataluña como del resto de autonomías: "La multilateralidad y la singularidad conviven", ha respondido al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page (PSOE), y ha arremetido contra el PP por no plantear cuando tocaba, eso es, cuando caducó, en 2014, la reforma del sistema de financiación.

Así, Torres ha criticado a las comunidades autónomas gobernadas por los populares, en especial a la de Madrid, por reclamar más recursos al Estado cuando acometen "rebajas de impuestos a grandes fortunas". "No compartimos que el nuevo modelo de financiación sea un despropósito o un chantaje. Tenemos un Gobierno que cree en el Estado de las autonomías", ha sentenciado.

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