El Valencia CF afronta la Junta General de Accionistas de la crisis y de la mayor movilización que se recuerda contra la gestión de Meriton en los seis años que han cumplido como propietarios. Lo mismo que la afición no ha podido acudir a Mestalla y manifestarse en los últimos meses debido a la pandemia, tampoco podrán acudir los pequeños accionistas a la cita que comienza en Feria València a partir de las 11:00 de este viernes 11 de diciembre. La Junta se celebra por vía exclusivamente telemática y los accionistas que se hayan acreditado, que son alrededor de 250, disponen de una plataforma en la página web del club para asistir a la misma, votar los puntos del día y formular sus preguntas con un máximo de 7.100 caracteres.

Si la cita se presenta en un momenrto deportivo difícil, con el equipo muy cerca de puestos de descenso, el orden del día no está exento de polémica, primero por la inclusión en el mismo de una modificación en el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad y que limitará a partir del ejercicio 20/21 la Junta General a aquellos accionistas que sean titulares o lleven delegadas un mínimo de 3.598 acciones, en lugar de las 9 que se necesitan ahora. Toda una declaración de intenciones por parte de Meriton para restringir la participación en el futuro de los pequeños accionistas. Y después por las muchas dudas que dejan las cuentas anuales y el informe de gestión que se aprobarán con la abrumadora mayoría del 84% que tiene el máximo accionista.

El ejercicio post Centenario, post Marcelino y Mateu Alemany deja unas pérdidas de 8 millones de euros fundamentalmente por el efecto de la pandemia, porque el club registró un ingreso por competiciones récord de 60'8 millones gracias a su participación en la Champions League, en la que superó la fase de grupos y cayó eliminado en octavos ante la Atalanta. Los efectos negativos de la gestión y de la caída de ingresos se aprecian más en las tensiones de tesorería que ha sufrido la sociedad a pesar de vender futbolistas y en el presupuesto de la temporada actual, que sufre un recorte drástico en todas las partidas excepto en los derechos de retransmisión de LaLiga, que se estiman en 89 millones, 15 más que en el ejercicio anterior. Esto es así porque parte de los derechos de la campaña anterior, los que corresponden a las jornadas que se disputaron con posterioridad al 30 de junio debido a la suspensión de la competición, se computan en la 20/21.

Incluso así, contabilizando los derechos de TV, esa cifra incierta en abonos, rebajando el coste de la plantilla en casi 30 millones, devaluando el equipo y restando capacidad competitiva, las cuentas todavía estiman un déficit de 26'4 millones de euros y la necesidad de ingresar alrededor de 41 millones en más ventas de futbolistas. Parte de esa cantidad ya está ingresada con la parte que corresponde por las ventas de futbolistas después del 30 de junio, que cifra en casi 60 millones (Rodrigo, Ferran, Coquelin y después Kondogbia). El presupuesto se queda en 118'9 millones pero los ingresos difícilmente llegarán a 100 (la pasada temporada los ingresos ascendieron a 172).

Hay algunos hechos concretos que revelan la delicada situación: el pasado verano el club tuvo que recurrir a financiación externa para poder pagar la segunda parte de las fichas de la plantilla y el máximo accionista prestó el 1 de julio 16'5 millones para hacer frente a la hipoteca con Bankia. Esto supone que la deuda a corto plazo de la sociedad, tanto con su propietario como con entidades de crédito, aumenta de manera peligrosa al mismo ritmo que crece el fondo de maniobra negativo de la sociedad, que e va hasta los 163'6 millones. En el informe de los auditores se llama la atención sobre este punto, apuntando la necesidad de nuevas fuentes de ingresos que aseguren el equilibrio.

ATE y Nou Mestalla

De momento, no las hay, porque el gran proyecto para multiplicar los ingresos se basaba en el nuevo estadio y, tal como reconoce el propio Valencia CF en su informe de gestión, solicitará a las instituciones la prórroga de la ATE al no poder cumplir con los plazos previstos en la misma para reanudar las obras del Nou Mestalla. Mientras, desde el ayuntamiento de la ciudad el ultimátum es claro: la ATE caduca el 15 de mayo de 2021, en solo cinco meses. Son muchas las preguntas que los accionistas han formulado a través de la red a Anil Murthy, veremos a cuántas responde.

Libertad VCF

El colectivo presentó este jueves un requerimiento notarial para que se suspenda o sea declarada nula la Junta General de Accionistas. Según un escrito difundido por esta asociación, que se constituyó como oposición a la gestión de Meriton, el requerimiento fue presentado en la sede del club y dirigido al presidente Anil Murthy. Entre los motivos de esta petición está la confirmación de que «no se va a poder intervenir en la junta de manera verbal y sólo se podrá preguntar con carácter previo a la celebración de la misma y por escrito». La asociación recuerda que el artículo 197.2 de la Ley de Sociedades de Capital indica que «los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los autos comprendidos en el orden del día» y asegura que «cercenar este derecho podría considerarse una violación de un derecho fundamental». En este sentido, pide que «Meriton Holdings comprenda que no puede atropellar constantemente los derechos de los accionistas y aficionados del club, pues son la verdadera razón de ser de esta sociedad anónima» y reclama que «debe ser escrupuloso en el cumplimiento de las normas vigentes».