Libertad VCF también pide la intervención judicial

Como es sabido desde hace un tiempo, el 28 de junio tendrá lugar la primera final judicial de Libertad VCF contra Meriton Holdings. Ese es el día marcado para la vista oral de la demanda de impugnación de los acuerdos del Consejo y de la Junta General de accionista del Valencia CF del 11 de diciembre de 2020. Entre las medidas cautelares que la asociación reclama al juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de València, en dicha demanda, se encuentra la «adopción, como medida cautelar de la administración judicial de la entidad o, en su defecto, la intervención judicial».

El 18 de octubre será el momento de la audiencia, previa al juicio en el que se dictará sentencia. Sin embargo, a finales de junio se desarrollará la vista en la que las partes presentarán alegaciones al juez.

La demanda de Libertad VCF, presentada en enero y ampliada en febrero, consiste en una solicitud de nulidad de tres de los acuerdos adoptados en la última Junta General de accionistas: el préstamo de 16,5 millones de Peter Lim, a través de Meriton, al Valencia CF, las retribuciones de la alta dirección de la SAD, «desorbitadas» en un contexto de crisis económica en la entidad, y la modificación de los Estatutos por la que se ha pasado de 11 a 3598 el número de acciones requeridas para participar en las juntas. Una cantidad que, a juicio de los demandantes, perjudica el interés social común en beneficio solo del accionista mayoritario.

En toda la documentación aportada al Juzgado, Libertad VCF da cuenta de como al final del ejercicio 2019/20, el Valencia CF no redujo la deuda contraída con Bankia conforme a las obligaciones contractuales, ya que la cantidad devengada de la línea de crédito, refinanciada en 2013, no se había satisfecho a 30 de junio de 2020. La cuota con el banco se pagó varios días más tarde. Antes, el 1 de julio, Meriton Holdings había concedido un préstamo al club de 16,5 millones generándose, según explica la asociación, «un conflicto de intereses» al no existir distinción entre los administradores del Valencia y la sociedad que concedió el préstamo que vence en septiembre de 2021. Asimismo, Meriton tomó como garantía los derechos de cuatro jugadores de la primera plantilla sin que el resto de accionistas haya tenido conocimiento de la identidad de los futbolistas.

En sus argumentaciones jurídicas, la asociación de oposición a la gestión de Lim añade como ejemplo de imprevisión económica el crédito que el Valencia CF, sin intervención financiera del máximo accionista, contrajo con el grupo de financiación no bancaria Gedesco para poder hacer frente al pago de los salarios de la plantilla de futbolistas en el verano de 2020 recurriendo a pagarés que vencen también en septiembre de 2021.

En relación con el préstamo de 16,5 millones, para el que Peter Lim adquiere como garantía de cobro la pignoración de los derechos económicos de cuatro jugadores, la asociación recuerda en la demanda las resoluciones de la FIFA que confirman relaciones de influencia de Meriton en equipos de fútbol como el Benfica violando el reglamento de transferencias de jugadores del organismo internacional del fútbol.

En resumen, Libertad VCF pretende dejar en evidencia del juez el hecho de que, a fecha del 30 de junio de 2020, el Valencia «no era capaz de atender sus obligaciones, previstas y presupuestadas, con sus principales acreedores, tanto con los empleados de la primera plantilla como con el mayor acreedor financiero». De hecho, un año más tarde el club de Mestalla sigue viéndose abocado a la necesidad de vender jugadores, a no poder realizar inversiones de consideración en política de fichajes y condenado a una nueva temporada sin poder ingresar ni un solo euro por competiciones UEFA fruto de otra negligente temporada en términos de gestión deportiva.

En consonancia con esta delicada situación económica, los socios opositores reclaman también la nulidad de las altas retribuciones salariales de los dos principales directivos del Valencia, por encima de los dos millones de euros anuales. Los responsables jurídicos de la demanda entienden que la remuneración debe ser proporcionada con la importancia de la sociedad, su situación económica y los estándares de empresas comparables.

Aparte de la suspensión de estos tres acuerdos mencionados, expuesta una situación económica de riesgo, al juez de lo Mercantil se le solicita además la administración o intervención judicial del club en favor de la viabilidad y el patrimonio de la sociedad deportiva. Libertad VCF ha presentado en el Juzgado toda una batería de indicadores económicos para probar el mal estado de las cuentas del club. Entre ellos, el ratio de endeudamiento, que ha ascendido desde 2013 del 7 % al 12 %. En las mismas fechas, el patrimonio neto ha descendido 18 millones hasta los 40 de 2020, y la previsión es que la caída se doble en este 2021. Asimismo, Libertad VCF informa sobre como desde la temporada de entrada de Lim, 2014/15, hasta el curso 19/20 la deuda del Valencia ha subido 99 millones hasta alcanzar los 414.

Por último, en la demanda la asociación expone la multiplicidad de cargos de varios de los consejeros en diversas firmas empresariales, principalmente ubicadas en el continente asiático, y por ende, la imposibilidad de dedicación plena a una entidad para la que, según dice la demanda, se necesitan «profesionales no sometidos al conflicto de intereses» con Meriton, «próximos a la realidad social y económica» del club y cuyas remuneraciones sean acordes a la situación financiera.