De Torino a Mestalla: "Se han movido casi 1.000 millones en compraventa de jugadores y en el estadio no se ha invertido un solo euro"

Tras varios meses en los que se han mantenido en la sombra, la plataforma 'De Torino a Mestalla' ha vuelto a la carga a falta de tan solo cinco días para la reunión en la que el Pleno del Consell votará la cancelación de la ATE de Mestalla. El grupo ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que, mediante un total de ocho puntos, exponen y detallan todos y cada uno de los peligros y consecuencias que tendrá para el Valencia CF SAD la cancelación de la Administración Territorial Estratégica (ATE).

Con respecto a la "previsible Resolución del Consell", 'De Torino a Mestalla' destaca, en primer lugar, el "daño difícilmente reparable" que la actuación del Consejo de Administración, guiados por Meriton, le ha provocado al club, y por ende, a la SAD. El escrito prosigue advirtiendo de las consecuencias que se va a encontrar la entidad una vez se declare el incumplimiento. "La inacción del Consejo de Administración del Valencia CF SAD puede conducir a la pérdida de la recalificación conseguida en el año 2.015, esto es 55.769 m2 de suelo “residencial” y 41.456 m2 para “centro comercial” en el solar del viejo Mestalla". Además, recuerdan que el daño producido puede ser aún más grave por la renuncia del club a la "clasificación urbanística" del año 2007 (más de 61.000 m2). La justificación ofrecida por la entidad para explicar esa renuncia fue la obtener un beneficio mayor a través de la actual ATE.

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"Entendemos que la caducidad de la ATE afectaría a la calificación del suelo del nuevo estadio, donde se pueden perder más de 30.000 m2 de edificabilidad terciaria hotelera", argumenta la plataforma.

El grupo también avisa en su comunicado que la caducidad de la ATE deberá "tenerse en cuenta" para "aprobar las cuentas". Por lo tanto, este factor debería complicar aún más si cabe una situación económica que ya roza lo crítico. La plataforma 'De Torino a Mestalla' recuerda también "el desprecio al Club, a su historia, a València y a su ciudadanía" por parte de Peter Lim por conocer la obligación de terminar el estadio desde el año 2014 y aún así mantenerse inactivo. Una inactividad del actual máximo accionista del Valencia CF que queda fundamentada con el siguiente dato: "mientras se han movido casi 1.000 millones de euros en compraventa de futbolistas, en la construcción del nuevo estadio no se ha invertido un solo euro", explican.

Así pues, el grupo pone sobre aviso y expone que dichos antecedentes son motivo suficiente para que la Asociación "actúe conforme a Derecho exigiendo las responsabilidades de todo tipo que resulten procedentes, cuando se produzcan las circunstancias que lo permitan".

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El peso de CVC

El acuerdo que todavía está por firmar entre LaLiga y el fondo de inversión CVC por el que se inyectará unos 2.000 millones de euros para 'echar un cable' a todos los clubes se antojaba clave en cada solicitud del club para ampliar los plazos de la ATE. Sin embargo, 'De Torino a Mestalla' avisa de que "todavía no se ha firmado el acuerdo" y que, en caso de que Meriton quiera destinar ese dinero de CVC a resolver la problemática del estadio, " la Generalitat Valenciana debiera obligar a la entrega de un aval o a una cesión de crédito por el importe total de finalización del nuevo estadio, con detallada constancia de plazos, forma de ejecución, consecuencias del incumplimiento, etc".

Continúa el comunicado explicando que uno de los motivos principales por los que surgió la ATE fue "la Sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a derribar una parte de la grada “de la mar”, apoyada sobre suelo público. Para cumplir esa sentencia y llevarse el estadio a otro lugar, se necesitaba también la ATE".

Por último, la plataforma 'De Torino a Mestalla' advierte que no están solos "ante un contencioso de carácter legal" e incita a los valencianos a salir "en defensa de este símbolo de nuestra tierra". Pese a ello, en una entrevista para À Punt Media, el presidente, Juan Martín Queralt, explicó "que la decisión del Consell sobre la ATE esté ajustada a derecho, es decir, que los compromisos sobre lo que se decida sean exigibles por un tribunal".