La Audiencia de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia la reapertura de la causa que seguía contra cuatro exdirigentes del Valencia CF por un supuesto delito societario relacionado con una ampliación de capital del club realizada en 2009, y que archivó el pasado mes de julio.
La causa refiere a Manuel Llorente, entonces presidente del Valencia CF; Társilo Piles, presidente de la Fundación; Javier Gómez, vicepresidente del Valencia, y José Luis Olivas, entonces presidente de Bancaja, por un presunto delito societario.
Así lo acuerda la Sección Tercera en un auto facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en el que reclama que se "investigue el uso del préstamo de 75 millones de euros otorgado a la Fundación del Valencia", cuyo patronato estaba integrado por los exdirigentes, para esta operación.
El tribunal estima así el recurso de apelación interpuesto por un grupo de accionistas del club contra un auto dictado de 15 de julio que inadmitía a trámite la querella que presentaron contra los directivos y archivaba la causa.
No obstante, desestima otro interpuesto por los accionistas contra la resolución judicial del 14 de julio que, estimando el recurso de reforma interpuesto por uno de los querellados, acordaba que los querellantes acreditasen su condición de socios del Valencia CF o prestasen la fianza allí indicada.
La querella que desencadenó el proceso fue presentada por un grupo de accionistas a raíz de la ampliación de capital social que el Valencia CF realizó en el año 2009.
Aquella ampliación de capital fue suscrita fundamentalmente por la Fundación Valencia CF, que se convirtió en accionista mayoritario del club, con un setenta por ciento de los títulos, gracias a un préstamo de 75 millones de euros concedido por Bancaja -actualmente Bankia- con el aval de la Generalitat.
Para el tribunal, resulta "razonable" iniciar la causa criminal que se solicita a fin de "investigar si es cierta la hipótesis delictiva que proponen los querellantes".
Éstos afirman que los exdirigentes decidieron celebrar una junta general para aprobar una ampliación de capital por un importe de 92,4 millones de euros, como instrumento para regularizar la situación económica de la entidad mediante un plan de viabilidad financiera a ejecutar en tres años.
El 7 de junio de 2009, se aprobó esa ampliación de capital y que se realizaría ofreciendo a los socios la suscripción de las acciones correspondientes, mientras que las acciones no vendidas serían ofrecidas al público en general.
Afirman los querellantes que los querellados, en su condición de responsables máximos del Valencia CF, de Bancaja (ahora Bankia) y de la Fundación Valencia CF, "decidieron que la fundación, cuyo patronato estaba entonces integrado por los directivos del Valencia, adquiriesen el sobrante de acciones, en vez de ofrecerlo al público".
Para ello, "convinieron que Bancaja concedería a la fundación un préstamo de 75 millones de euros con el aval del Instituto Valenciano de Finanzas, con lo que consiguió hacerse con la mayoría del capital social, cifrado en un 72,8 %".
Sostienen, además, que el dinero obtenido fue destinado a "elevados pagos a dirigentes del Valencia, que no deberían haberse satisfecho si se tiene presente el mal estado económico del club".
El préstamo "generaba unos intereses que la fundación beneficiaria no tenía capacidad de pagar, porque no generaba ningún ingreso", y, tras el plazo de tres años previsto para el plan de viabilidad, "nada se consiguió, y todo lo ocurrido ha causado un grave perjuicio económico al Valencia CF y sus socios".
Para el juez, si se obtuvo un préstamo de 75 millones de euros sin que la entidad prestataria pueda devolverlo o pagar intereses y se dispuso de una parte de ese dinero para finalidades diferentes a la viabilidad marcada, resulta "factible pensar en la causación de un perjuicio a los socios como consecuencia de una gestión social incorrecta".
