El vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Císcar, ha explicado hoy que, a su juicio, la solución a la situación económica de la Fundación del Valencia pasa por una refinanciación del crédito de Bankia a este organismo, con lo que la Generalitat evitaría tener que ejercer como avalista.

"La Fundación tiene un plan económico y la voluntad de la Generalitat es que Bankia refinancie el crédito en base a ese plan, que pasa por ampliar el plazo y por adaptar el préstamo a las posibilidades de la Fundación en tiempo y condiciones", ha asegurado Císcar en rueda de prensa tras el pleno del Consell.

Císcar ha anunciado que el periodo de negociación entre las tres partes -Bankia, Fundación y Consell- ya se ha abierto y que la voluntad del Gobierno valenciano en el proceso es que la Generalitat "no tenga que aportar un solo euro como avalista".

Además, el portavoz del Consell ha asegurado que le consta que Bankia tiene "buena predisposición" para ayudar a la Fundación y al Valencia y para acordar una refinanciación "dentro de sus posibilidades" que pueda permitir a la Fundacion, con tiempo y alargando los plazos, hacer frente al préstamo.

"Nosotros nos tenemos que mover en función de las resoluciones judiciales vigentes en cada momento. Dejamos de ser avalistas y ahora volvemos a serlo. Me gustaría tener un marco que nos diera cierta certidumbre a todas las partes, pero las cosas son como son y las decisiones judiciales mandan", ha apuntado Císcar.

En ese sentido, el vicepresidente también ha indicado que, aunque la intención de la Generalitat es que el IVF no tenga que aportar dinero como consecuencia de ese préstamos, hay que tener en cuenta que "las decisiones judiciales mandan".

"Actualmente nuestras prioridades son otras, pero cuando hay una decisión judicial de obligado cumplimiento no cumplirla puede constituir una infracción penal. Las decisiones judiciales siempre se tienen que acatar nos guste más o menos", ha añadido.

En esa línea, Císcar ha recordado que el IVF no puede tomar libremente decisiones fuera de las decisiones judiciales, al haber un aval que vincula a la Generalitat y cuya existencia deben acatar.

"El Gobierno valenciano no quiere tener que poner un euro de ese aval, pero todo está condicionado por esas decisiones judiciales", ha concluido.