Nuevo embrollo en el capítulo social y económico del Valencia. El Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Valencia dictó este miércoles sendas resoluciones por las que emplaza a Bankia a contestar la demanda formulada contra el IVF por los accionistas del Valencia que impugna los avales dados a la Fundación del Valencia por infringir la normativa de la Comunidad Europea en materia de Ayudas Públicas y ha admitido a trámite la petición de suspensión cautelar de la vigencia del aval. Bankia tendrá diez días para oponerse a la medida cautelar pedida que implica la suspensión judicial de la eficacia del aval del Instituto Valenciano de Finanzas y, a partir de ese plazo, el Juzgado de lo contencioso volverá a pronunciarse sobre la vigencia del aval hasta que dicte sentencia.

Hasta ese momento, el IVF debe decretar la pretendida suspensión solicitada en vía administrativa y en interés del propio Instituto de la Generalitat, según ha informado en un comunicado la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), que solicitó la suspensión cautelar de la vigencia del aval. Ausbanc indica que dichas medidas adoptadas se dirigen a evitar que la Generalitat Valenciana tenga que desembolsar más de 85 millones de euros del erario público que se comprometieron por el IVF al prestar el aval en 2009 y de los que ya se han pagado 4.800.000 euros a Bankia el pasado mes de febrero.

En el comunicado indican que «ese comportamiento anómalo y la inacción del IVF podría incluso ser tipificable como malversación de caudales públicos y prevaricación, toda vez que la única obligación del IVF era entregar a Bankia acciones por valor de 4.800.000 euros objeto de la prenda».