El conflicto entre Hércules CF y Valencia CF va a más. Lejos de aclararse con las posturas expresadas por ambas partes respecto a lo ocurrido con las entradas que no se vendieron a los aficionados alicantinos, los comunicados oficiales emitidos este martes por los dos clubes evidencian desconfianza y distanciamiento. El club de Mestalla, que explicaba detalladamente todo el proceso, las comunicaciones que hubo con el Hércules y el protocolo de seguridad seguido, acaba acusando al club de la capital alicantina de no haber organizado bien el desplazamiento y la distribución de las entradas que les correspondían, ni de haber puesto todo el énfasis para evitar que sus aficionados se desplazasen hasta València sin entrada. Así, el propio Hércules respondía entrada la noche con otro comunicado en el que asegura que el Valencia CF desvía la atención y «no entra en el fondo del problema ni aclara por qué discrimina a ciudadanos de la provincia de Alicante, ni tampoco explica por qué impidió la entrada a su estadio a cualquier persona solo por el hecho de ser alicantino».
Así, el Hércules en definitiva resuelve que «no encuentra razonables las explicaciones públicas oficiales del Valencia CF, desviando el problema de fondo y buscando culpables sin asumir responsabilidades, y lamenta que no exista una disculpa sincera a los ciudadanos alicantinos afectados. Por todo ello, el Hércules de Alicante CF comunicará los hechos sucedidos a la RFEF, presentando también un escrito a la Jueza de Competición de la RFEF. Así mismo informará a la DG de Deportes de la Comunidad Valenciana y apoyará a todos aquellos afectados que presenten sus reclamaciones ante la Oficina Municipal de Información del Consumidor».
Las explicaciones que había dado el Valencia CF son, a grandes rasgos, que además de las 200 entradas acabó entregando al Hércules otras 75, de las que curiosamente le fueron devueltas 10, además de «otro paquete de 100 entradas de invitación, para, como es su habitual, su reciprocidad en el estadio José Rico Perez, por lo que el VCF finalmente ya había otorgado un bloque de 365 localidades al club visitante y sus aficionados, en torno a una cuarta parte del aforo del campo, muy superior al 5% para afición visitante habitual en Liga y UEFA».
Añade que «dicho número de entradas, mayor que el de la temporada anterior y fijado por criterios de seguridad y de aforo total del recinto, con conocimiento de la Policía Nacional, era, según se explicó por escrito al club visitante, el número máximo de entradas disponibles para sus aficionados, quedando así claro que no iba a ser posible conseguir más ni en las taquillas de la Ciudad Deportiva ni por otro cauce, por lo que era el propio Hércules el único canal disponible para adquirir entradas asignadas a afición visitante».
Asegura en su comunicado oficial que «de conformidad con lo dispuesto tanto en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, como en el Reglamento que la desarrolla, el Valencia CF, que cumplió escrupulosamente con dichas normas, está habilitado para limitar el número de entradas que se venden a los aficionados del equipo visitante. En taquillas no se registró ninguna solicitud de hoja de reclamaciones».
En su último párrafo, el VCF lamenta las opiniones que «se han vertido de modo público contra el club y su honorabilidad (entre ellas alguna procedente de antiguos cargos públicos con procesos judiciales abiertos), en lugar de dirigir dichas energías a ayudar a que un gran club como el Hércules CF esté de nuevo en la categoría que merece por su historia y su numerosa afición».
Moyà apuesta por «una vía de diálogo constructivo»
La Dirección General de Deporte de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, a través de Josep Miquel Moyà, lamentaba que este suceso «haya supuesto un enfrentamiento entre los clubes y las aficiones de dos de los equipos históricos de nuestro fútbol, a quienes rogamos que comiencen una vía de diálogo constructivo y que, a pesar de la defensa legítima de sus intereses particulares, sean capaces de anteponer los valores inherentes al deporte».
Moyà explica que «una vez escuchada la argumentación de los dirigentes del Valencia CF, estamos plenamente convencidos que la decisión fue tomada estrictamente por motivos de seguridad y para evitar posibles incidentes dentro del estadio, en el marco del Reglamento de Prevención de la Violencia. Aun así, la fórmula empleada no ha estado, de ninguna forma y como reconocen desde el propio club, la más acertada, puesto que supone una discriminación por el lugar de nacimiento y una generalización arbitraria y sin ningún criterio de la sospecha de potenciales provocadores de actos violentos. Además, a pesar de que el Valencia CF puede ejercer su derecho de admisión, se tiene que hacer atendiendo lo que dispone la Ley de Espectáculos Públicos de la Generalitat, extremo que no se ha producido en esta ocasión».
Antes, el propio conseller de Cultura y Deporte Vicent Marzà había transmitido a través de su cuenta de Twitter que «consideramos inaceptable el veto del Valencia CF a los aficionados alicantinos. No se puede marginar a nadie en función del lugar donde nace. Hemos pedido explicaciones al club y estudiaremos la manera de evitar que esto vuelva a ocurrir».
