El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tirado para atrás la cautelar que el Valencia CF envió el pasado mes de mayo sobre la sanción por la ampliación de capital de 2009. Esto significa que, en teoría, cuando Hacienda le reclame el pago a la Generalitat Valenciana, esta se lo ha de comunicar al Valencia CF que se verá obligado a pagar 23,6 millones de euros por el aval concedido en 2009 por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ya que entiende la Comisión Europea que el club de Mestalla obtuvo el crédito en condiciones ventajosas y fuera de mercado.
