Una sentencia obliga a arrancar cinco hectáreas de cítricos en el Mar Menor

Mientras el Gobierno ha aprobado una primera partida de 150 millones de euros para restaurar el Mar Menor, los tribunales han emitido una sentencia que obliga a arrancar casi cinco hectáreas de cítricos ilegalmente plantados en una zona protegida de esta laguna.

La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha ordenado la reposición a su estado natural de una superficie de 4,91 hectáreas de cítricos en el paraje Casa de Lo Pereas, al encontrarse en una zona incluida en La Ley de recuperación del Mar Menor.

La orden, que desestima así la medida cautelar solicitada por la mercantil agrícola propietaria de los limoneros y no suspende la orden de 8 de febrero pasado de la Consejería de Medio Ambiente que obligaba a la restitución de la parcela a su estado natural, dando un plazo de 2 meses para la presentación de proyecto de restitución del terreno y fijando en 6 meses el plazo máximo de ejecución.

El Tribunal advierte que resulta obligada la restitución a su estado natural por haber realizado sin autorización de la confederación hidrográfica un uso privativo de aguas en terrenos que se encuentran en la Zona 1 del Decreto-Ley 2/2019, de protección integral del Mar Menor y de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor.

En concreto, recuerda que, mediante Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, de octubre de 2019, “se impuso a la recurrente una multa por importe de 3.000 euros por uso privativo de aguas públicas sin autorización/concesión”.

La Sala no comparte los perjuicios irreparables del arranque que argumentan los propietarios de los cítricos, y les recuerda que tienen prohibido el regadío desde hace dos años, considerando “genérica” y “sin apoyo en ningún dato” la alegación de que la plantación no contamina.

La empresa justicia en su recurso que “el arbolado existente ayuda a retener las aguas y los distintos elementos que estas arrastran, evitando que vayan al pueblo de Los Nietos y finalmente al Mar Menor”, pero la sala señala que con ello se pretende reducir la contaminación causada por los nutrientes de origen agrario y su afección a los espacios protegidos existentes en el Mar Menor y su entorno, “gravemente deteriorados en la actualidad”, subraya la resolución.

La Sala considera “prevalente el cumplimiento de la normativa sectorial en materia de aguas, y, fundamentalmente, la protección del Mar Menor, frente al interés particular de la recurrente en seguir manteniendo una explotación cuando por resolución firme de la Administración competente en materia de aguas el regadío le ha sido prohibido para la parcela por no estar amparado por un derecho de aprovechamiento de aguas”.

El Tribunal impone además el pago de las costas a la empresa recurrente. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reposición.

Casi 150 millones del Gobierno para el Mar Menor

Esta noticia se conoce pocos días después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el primer grupo de medidas para la protección y recuperación ambiental del Mar Menor, con una inversión de 149,65 millones de euros para el periodo 2022 y 2023.

Las medidas se enmarcan en las Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, presentadas el pasado 4 de noviembre por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y cuyo presupuesto total estimado asciende a 382,25 millones hasta 2026.

Supone el “mayor esquema de actuaciones e inversiones” hecho por el Ministerio “para la recuperación de un enclave natural específico”, explica en un comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Además, el Consejo de Ministros ha decidido declarar de interés general del Estado las obras de recuperación en vistas a la “situación crítica que padece la laguna” y con el objetivo de “iniciar de forma inmediata” estos proyectos “para frenar y revertir el grave deterioro ecológico del entorno”.

Según detalla la ministra Ribera en la nota, esta declaración de interés general “posibilita una acción coordinada y decidida” para lograr los objetivos marcados.

Las obras incluidas en este primer paquete son la restauración de ecosistemas en la franja perimetral del Mar Menor y la creación del Cinturón Verde.

Incluye además, la restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y de zonas afectadas por la minería; la renaturalización de las ramblas y la creación de corredores verdes; la renovación de la impulsión de la rambla del Albujón; y las actuaciones de corrección hidrológica y laminación de crecidas.

La restauración de ecosistemas y la renaturalización de las ramblas y creación de corredores verdes buscan eliminar afecciones directas y mejorar la biodiversidad existente para así lograr un efecto “amortiguador de impactos”, según el Miteco.

Las actividades de restauración relacionadas con la actividad minera persiguen evitar tanto la contaminación de los suelos y el acuífero como las escorrentías superficiales de residuos mineros peligrosos.

Finalmente, el objetivo de la impulsión de la rambla del Albujón es “alcanzar una explotación próxima a su capacidad hidráulica”; mientras que el de las actuaciones de corrección hidrológica y laminación de crecidas es minimizar el riesgo de inundaciones en los municipios ribereños y evitar la entrada masiva de nitratos para no alterar la proporción de agua dulce y salada en la laguna.

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