Las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman al Gobierno que ajuste los aspectos del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania que ponen en riesgo la conservación de la biodiversidad.

Las organizaciones reconocen la necesidad de agilizar la tramitación de las energías renovables en las zonas en las que sea posible asegurar que el impacto ambiental de estas instalaciones no es adverso, como en zonas urbanizadas, urbanizables o industriales, entre otras.

Sin embargo, consideran imprescindible que el nuevo procedimiento exprés de aprobación de plantas renovables no se aplique sobre áreas donde los impactos para la naturaleza pueden ser críticos e irreversibles y que, en cualquier caso, se garantice la participación de la ciudadanía desde el inicio de los procedimientos de evaluación ambiental, tal y como marca la normativa de la Unión Europea y el Convenio de Aarhus.

Las cinco organizaciones expresan su preocupación acerca de la falta de garantía que puede conllevar el procedimiento de tramitación abreviado para autorizar determinadas plantas renovables (fotovoltaicas de hasta 150 MW y eólicas de hasta 75 MW, ubicadas en tierra, en áreas de sensibilidad ambiental baja y moderada identificadas por Miteco y fuera de áreas de la Red Natura 2000) que recoge el Real Decreto-ley por el que se regulan medidas urgentes del plan de choque frente a la guerra de Ucrania y cuya convalidación será debatida próximamente en el Congreso de los Diputados.

A espaldas de la ciudadanía

En su actual redacción, este nuevo proceso permitirá a la Administración determinar, sin participación ciudadana, si una determinada planta de generación de electricidad renovable necesita pasar por Evaluación de Impacto Ambiental (tal y como debería hacer en caso de tramitación normal) o no (en el caso de que reciba informe de determinación de afección ambiental favorable) para aquellas plantas que se encuentren en las zonas de baja y moderada sensibilidad ambiental identificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto abriría potencialmente la puerta a la autorización de proyectos con alto impacto ambiental sin las garantías mínimas, tanto de consulta pública como de evaluación de impacto ambiental.

Torres de energía eólica en un campo de cultivo. pixabay

Consideran que sería especialmente relevante en las zonas de sensibilidad moderada, que incluyen hábitats de interés comunitario o zonas críticas para la conservación de especies tan amenazadas, como el águila imperial ibérica, el urogallo cantábrico, o especies agroesteparias en grave declive, como el sisón y la codorniz común, entre otras. De mantenerse esta redacción del Real Decrerto-ley, el nuevo procedimiento podría facilitar la destrucción de este tipo de espacios, ya muy amenazados.

Las ONG ecologistas reclaman que el nuevo procedimiento para agilizar la tramitación de determinadas plantas renovables, en todo caso, se limite a zonas de baja sensibilidad ambiental fuera de espacios naturales protegidos y zonas de alto valor ecológico como humedales recogidos en el inventario nacional y Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras.

Las organizaciones ambientales, además, llaman la atención sobre el hecho de que el nuevo procedimiento elimina la participación de la ciudadanía en el inicio del proceso. Esta cuestión podría contravenir la normativa sobre impacto ambiental de la UE, que garantiza la participación real del público interesado desde que comienza la tramitación.

Expropiaciones forzosas sin garantías

Por ello, las ONG ecologistas instan al Ejecutivo a incluir el necesario trámite de audiencia pública para analizar los posibles impactos de los proyectos y trasladar su valoración a la administración pública antes de que esta adopte una decisión.

De lo contrario se estarían aprobando proyectos con potencial impacto ambiental, y que pueden conllevar la expropiación forzosa de los terrenos, sin las suficientes garantías procedimentales y sin dar la palabra a las personas y comunidades afectadas en el momento adecuado.

Las ONG ecologistas defienden que las modificaciones han de realizarse de forma inmediata para evitar que el más que necesario despliegue renovable se convierta, de facto, en un motor de pérdida de naturaleza del país.

Paneles de energía solar. pixabay

Desde hace más de dos años, las ONG reclaman a los Gobiernos central y autonómicos una planificación adecuada del desarrollo renovable, con mapas que identifiquen zonas de exclusión y zonas prioritarias (especialmente en suelo urbano o urbanizable, así como industrial).

A día de hoy, no existen herramientas adecuadas que alejen a los promotores de las zonas de mayor sensibilidad ambiental con el doble efecto de gravar a la Administración pública con la tramitación de proyectos que finalmente se acabarán rechazando por impacto ambiental, retrasando la tramitación de otros proyectos mejor planteados (y por lo tanto de la transición energética), y aumentar la presión sobre la biodiversidad en España.

El nuevo procedimiento exprés, por tanto, agravará un problema ambiental de primer orden que, además, puede obstaculizar seriamente el avance de España en la lucha contra el cambio climático.

WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra reiteran, al Gobierno y las fuerzas parlamentarias, la necesidad de acelerar el “inexcusable abandono de los combustibles fósiles y nuclear apostando por el ahorro, la eficiencia y las energías renovables”.