Investigación

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los casos de pérdida de visión causados por el fármaco 'Ala Octa'

Las diligencias se han incoado tras una denuncia presentada por la asociación 'El Defensor del Paciente'

EP

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado abrir diligencias preprocesales en defensa de los consumidores y usuarios para investigar la responsabilidad sanitaria en los casos de pérdida de visión causados por el medicamento 'Ala Octa' durante una cirugía de retina.

Según ha informado la Fiscalía, las diligencias se han incoado con motivo de la denuncia presentada or la asociación 'El Defensor del Paciente', que denunciaba "la situación de indefensión y desprotección" en la que se encuentran los usuarios y pacientes de los servicios sanitarios, "a quienes se les aplicó tratamiento en las intervenciones de retina con el producto Ala Octa (Perfluoroctano), causándoles pérdida de visión".

Estas investigaciones, ha señalado la Fiscalía, tienen como finalidad "poder exigir responsabilidad sanitaria a las entidades y/o empresas causantes de los daños ocasionados a la salud".

Las diligencias se han practicado con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para que remita informe sobre "si el producto 'Ala Octa' contaba con marchamo CE, fecha en la que se tuvo conocimiento de los efectos adversos y fecha de la alerta sanitaria; deficiencias detectadas en la fabricación y control, identificación de los efectos adversos; número total de pacientes afectados y centros sanitarios con distribución por Comunidades Autónomas; o datos identificativos de las empresas fabricantes y comercializadoras en España".

En junio de 2015, AEMPS prohibió la comercialización y retiró del mercado el producto 'Ala Octa' debido a los múltiples casos que denunciaban que su uso estaba provocando daños en aquellos pacientes en los que se les había aplicado.

Según la última actualización de la AEMPS, de 15 de julio de 2016, el número de casos notificados y en investigación eran 116 en 28 centros sanitarios españoles de 13 comunidades autónomas. Las comunidades donde se notificaron incidentes son Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.