Un mes después a su petición por escrito, Pedro Villarroel pudo verse cara a cara con los administradores. El ex presidente, sin intermediarios por el medio, parece que poco a poco entra en razón. O eso es por lo menos el mensaje que transmitieron ayer los concursales, aunque con reservas, tras una reunión de algo más de una hora. «Mi actitud siempre ha sido la misma como levantinista que soy». Con esa sentencia se marchó, acompañado de su abogado José Vicente Santaemilia, un desmejorado Villarroel del despacho profesional de Vicente Andreu, sin incluir en su discurso esa predisposición a echar una mano, sin entorpecer, que sí manifestó la otra parte. Fueron Mariano Durán y Celestino Aparicio, dos de los tres interventores, los que calificaron como «positiva» la reunión y se mostraron confiados en que en un plazo cercano se pueda reactivar la autocartera —ocho, diez o doce personas de empresarios valencianos y levantinistas formarían el grupo mayoritario—. «Vamos todos por el buen camino y creo que la solución puede llegar rápido. Nos ha mostrado su predisposición a hablar. Villarroel está vinculado por ciertos pactos y va a ayudar en todos», anunció Celestino Aparicio.

Los propios concursales tenían puntos de vista diferentes sobre la idoneidad de este encuentro después de no fructificar el acuerdo verbal para desatascar la reintegración de los 1,2 millones de euros, pero estiman que esta declaración de intenciones puede suponer el empujón definitivo para que la hoja de ruta se encamine definitivamente hacia un cambio de poder a mejores manos. «Todas las personas implicadas en la operación (Pedro Villarroel, Jesús Serna y José Rabade) tienen que firmar para que tengamos seguridad jurídica cuando dispongamos de la autocartera y para que quienes entren también la tengan», declaró Mariano Durán. La intención es que este proceso se pueda concretar la semana próxima, en la que se mantendrán más contactos con estos tres personajes con demasiadas vinculaciones. Entre esos acuerdos privados, Pedro Villarroel mantiene a través de Cofiser una opción de recompra y derechos económicos sobre la mayoría accionarial que podrían reportarle un beneficio de unos 6,5 millones de euros. Aunque Celestino Aparicio dijera que no hablaron de temas económicos es evidente que el cambio de manos no se definirá por un euro.

La incógnita es saber qué pedirá el ex presidente a cambio, uno de tantos aspectos internos que nadie pretende desvelar para no tergiversar el concurso. Pedro tiene muchísimo que ver en el futuro del club y se presupone imposible que allane el camino a coste cero. Pero se ha dado cuenta del aluvión de problemas judiciales que le pueden caer encima ahora que desde su entorno no ocultan su insolvencia. Hay buen rollo, aunque relativo porque todavía hay muchas piezas por encajar. El problema es que el tiempo apremia. Los jueces esperan que esta «colaboración» de Villarroel sea otro golpe de autoridad después de que Fernando Presencia acordara el pasado martes el embargo preventivo sobre los bienes de algunos miembros del Consejo y activara la nulidad de los últimos vuelcos accionariales.

La atención de todo el levantinismo está centrada en que se finiquite tanto trasiego accionarial sombrío. Esta reunión fue el tema estrella en el club. Quico Catalán, que el jueves pidió públicamente que este cara a cara fuese clave para «solucionar la inestabilidad societaria», se mostró confiado en que muy pronto entre ese grupo de empresarios —algunos ya lo han manifestado— con ganas de devolverle la sonrisa al Levante.