En un mensaje nada inocuo, Vicente Andreu aseguró tras el acuerdo pendiente de firma con el abogado de Pedro Villarroel que había llegado la hora de saber si quienes decían que la opción de recompra era un obstáculo para dar un paso adelante estaban poniendo excusas o iban en serio, una vez que en la práctica ha quedado demostrado que la autocartera solucionaba poco si antes no se eliminaban las cargas sobre la mayoría accionarial.
Tras empezar a apretar el acelerador a principios de septiembre, la administración concursal calcula que en el plazo de dos meses, o incluso inferior, el Levante Unión Deportiva tendrá nuevo dueño. Se muestra convencida, además, de que la desvinculación de Villarroel atraerá a posibles inversores interesados en hacerse cargo del club. Los requisitos para adjudicar el control del club, en palabras de Andreu, están muy claros: tiene que ser alguien que «haga una oferta suficiente, que planifique la continuidad del club y que trace un plan de viabilidad».
En la mesa hay dos posibles alternativas ya: la encabezada por Valentín Serrats —que se considera un medio pero no un fin— y la del nuevo grupo que recientemente se ha dirigido a los concursales.
La más antigua es la de Serrats y sus minoritarios, quienes en teoría tienen en este momento el control del paquete ajeno a la autocartera. Recibido inicialmente con reservas por los administradores, este proyecto ha seguido adelante con los contactos y cuenta con el respaldo del principal abogado de los acreedores, Santiago Nebot. Tras aunar a los principales accionistas minoritarios en busca de un grupo de empresarios valencianos y levantinistas, se trata de una alternativa en la que la propiedad no recaería en un único accionista y que en teoría perseguiría la democratización de la entidad granota.
La segunda y última en irrumpir es la del representante de un grupo empresarial con capital madrileño y valenciano, que cuenta con diferentes empresas en la capital de España y Elche y que junto a su abogado se entrevistó con Andreu el pasado 5 de septiembre para solicitar información. Según los concursales ya ha transmitido su predisposición formal en coger las riendas, aunque a la espera de solucionar detalles, en principio relativos a la complicada operación urbanística y de recalificación sobre la que se sustenta el futuro.
Un futuro que, sin duda, está estrechamente ligado a la llegada de capital a Orriols para afrontar el convenio con los acreedores auspiciándose en la quita y la espera para pagar la deuda —cifrada oficialmente en 88 millones— y sanearlo con la futura recalificación prometida por las instituciones y la construcción de un nuevo estadio que generase recursos atípicos.
