Tribunales
El juez decidirá el lunes si permite libertad bajo fianza a los acusados de asesinar a Diego Bello
Los imputados ya estuvieron diez meses en busca y captura, y la familia teme que si salen de prisión el juicio “jamás se celebre”
Imagen de Diego Bello, cedida por la familia.
Enrique Carballo
El Juzgado de Dapa (Filipinas) determinará el próximo lunes si los tres policías acusados de asesinato y manipulación de pruebas por la muerte del joven coruñés Diego Bello en enero de 2020 quedan en libertad bajo fianza, como ha pedido la defensa. La familia de Bello afirma que, si el juez se lo permite, el proceso judicial podría “dilatarse en el tiempo” y ve posible que “jamás llegue a celebrarse”.
La familia de Bello se ha presentado como acusación particular, y sostiene que la petición de la defensa no puede aceptarse, ya que según la legislación filipina “cualquier acusado de un delito de asesinato debe permanecer en prisión hasta que se dicte la sentencia correspondiente”. Todavía no se conoce la fecha del juicio ni el lugar definitivo, que los abogados de la familia piden que se ubique en la capital, Manila, para evitar presiones.
Los allegados del joven, abatido a disparos por la policía del país asiático en una presunta operación antidroga puesta en entredicho por los informes forenses, piden al Gobierno español y las instituciones europeas “mantengan su vigilancia sobre este caso”. También critican que en la reciente visita a Filipinas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Los tres imputados, Vicente Panuelos, Roel Azarcón y Nido Boy Cortez, ya retrasaron el juicio, puesto que pasaron diez meses en busca y captura antes de entregarse en febrero de este año. Participaron, entonces, en una rueda de prensa que la familia del fallecido califica de “insólita” junto con el ministro de Justicia filipino, y han pasado estos meses en prisión.
Una ejecución a sangre fría
La versión policial, según la cual los agentes acudieron a la casa de Bello en Filipinas en una operación contra el tráfico de drogas y lo abatieron después de que les disparase, quedó en entredicho tras un informe de la Comisión de Derechos Humanos del país asiático y del NBI, un órgano constituido a imitación del FBI estadounidense.
Un informe de este acusa a los agentes de acudir a la casa de Bello con intención de asesinarlo y rematarlo a sangre fría cuando ya estaba herido, así como de manipular las pruebas y cometer perjuicio para que pareciese que el coruñés tenía un arma y droga. De acuerdo con las pruebas forenses del NBI, Bello no abrió fuego y “la autopsia muestra claramente que los agentes optaron por realizar numerosos y letales disparos contra su víctima”.
La muerte se produjo cuando todavía era presidente Rodrigo Duterte, un político que declaró una guerra contra la droga que, de acuerdo con asociaciones en favor de los derechos humanos, dejó miles de ejecuciones extrajudiciales. La de Bello, según su familia, fue la única de un europeo.
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