El enrevesado triángulo del tráfico de hachís desde Marruecos: de los talleres de Cádiz al mar de plástico de El Ejido

La lucha contra el narcotráfico en Andalucía está asfixiando a los tráficantes de hachís. En el año 2022 hubo un total de 4.698 operaciones policiales contra el narcotráfico y el contrabando, en las que hubo casi 6.000 detenidos o investigados. En total, se incautaron 272,9 toneladas de droga. 

Ante este asedio tan intenso de la Policía y la Guardia Civil, en el llamado III Plan de seguridad del Campo de Gibraltar, que engloba actuaciones en seis provincias andaluzas, los traficantes cada vez tienen que ingeniárselas de las formas más inverosímiles para no llamar la atención. Y se buscan todo tipo de triquiñuelas para pasar fuera del radar de los agentes.

Así se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena a penas de hasta cuatro años y medio de prisión y multas de entre tres y 12 millones de euros a los cinco integrantes de una banda criminal a la que pillaron con 500 kilos de hachís procedentes de Marruecos en la playa del Sabinar (El Ejido, Almería) en un operativo que se extendió en las tres provincias en las que actuaron.

Naves en Cádiz

La primera de ellas era Cádiz. Tal y como apunta la sentencia del TS, que confirma la de la Audiencia Provincial de Cádiz, uno de los procesados tenía alquiladas dos naves en el Puerto de Santa María en las que guardaba las embarcaciones, que trasladaba allí con tractocamiones. Buscando su mayor efectividad, allí las adaptaba, con "motores de mayor potencia y cilindrada" de la que tuvieran de serie y preparándolas para "albergar una mayor capacidad de carga para los fardos de hachís". 

El acusado, a cambio de una remuneración económica, ofrecía las embarcaciones a distintos grupos dedicados al tráfico de hachís en la zona. Así, en octubre de 2018, el investigado entregó al miembro de una banda una embarcación modelo Yamaha de 15 metros de eslora y tres motores fuera borda de 350 centímetros cúbicos. Este asimismo la trasladó en un camión Scania a Albolote (Granada) a una nave de la empresa de la que era administrador único.

Pocos días después, para desvincularla de esa nave, la trasladó a otro polígono industrial de la localidad de Peligros, también en Granada, desde donde sería finalmente conducida hasta la playa de Almayate, en Velez-Málaga, desde donde se lanzó al mar para acudir hasta Marruecos a por la droga.

Espacio protegido

De acuerdo a la sentencia, la lancha fue trasladada a la playa de la localidad de Jnan Annich, donde fue cargada con numerosos fardos de hachís. La fueraborda, en la que iban entre tres y cinco personas, se desplazó hasta la playa El Sabinar, en El Ejido (Almería), una playa poco frecuentada ya que se encuentra en un espacio protegido rodeado de invernaderos donde les esperaban otras tres personas que se iban a encargar de hacer rápidamente la descarga.

Todo parecía cuadrar a la banda, pero lo cierto es que la embarcación había sido detectada por Vigilancia Aduanera cuando se acercaba a la playa a muy poca velocidad y con las luces apagadas. En ese momento tres de los procesados se acercaron hasta la embarcación y junto con otro número de personas que no han sido identificadas comenzaron las labores de descarga de todos los fardos de hachís para cargarlos en dos vehículos todoterreno que se encontraban en el lugar, siendo sorprendidos por un helicóptero de Vigilancia Aduanera. 

Huida

Con la mercancía que ya habían cargado, los vehículos todoterreno emprendieron la huida a toda velocidad. Tres de los hombres que estaban en la playa sí lograron ser detenidos. Dos fueron localizados escondidos entre unos matorrales en el lugar del alijo con la ropa mojada y llenos de arena, y un tercero, que presentaba síntomas de hipotermia, fue atrapado en las inmediaciones. 

La totalidad de la carga que llevaba la embarcación no pudo ser trasvasada hasta los dos vehículos todo terreno, incautándose los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía hasta un total de 17 fardos de hachís que se encontraban amarrados con una soga en la orilla de la playa, incautándose de un fardo más a pie de playa que se había soltado de la soga, fardos que suman un total de 565 kg de hachís. 

Según las estimaciones de los agentes, en el mercado ilícito podría haber arrojado un beneficio aproximado de 3,2 millones de euros. Finalmente, la embarcación fue localizada días después abandonada a la altura de las costas de Manilva, siendo trasladada hasta el Puerto Deportivo de la localidad de Benalmádena.

Registros

Tras el operativo, se desarrollaron diversos registros en El Puerto en los que se hallaron cinco soportes de tarjetas telefónicas y tres teléfonos móviles, dinero y una agenda en la que el acusado "llevaba a cabo con fechas precisas anotaciones relativas a la comisión del ilícito penal tales como entre otras la búsqueda de naves donde guardar las embarcaciones, pagos a mecánicos para verificar las mismas, dinero gastado en gasolina, etc.", tal y como recoge la sentencia. 

También se localizaron siete garrafas de gasolina y un tanque lleno de agua similar a los usados para la puesta a punto y arranque de las embarcaciones. Entretanto, en el registro de la nave de Albolote se hallaron un total de 1128 plantas de marihuana dividas en varios lotes que el acusado poseía en un invernadero móvil de forma que se pudiesen trasladar sin problema dentro de los remolques de una nave a otra. 

El peso neto total resultante era de 33.574 gramos que habrían alcanzado en el mercado ilícito un beneficio aproximado de 335.740 euros.

Finalmente, también se practicó el registro de la nave sita en Peligros donde se halla un remolque en cuyo interior se descubren numerosos neumáticos de vehículos y de camiones distribuidos a ambos lados de la nave para servir de "cama" a las embarcaciones.

Por estos hechos, el dueño de las naves fue condenado a tres años y once meses de prisión, además de al pago de dos multas de seis millones de euros por un delito contra la salud pública. Mientras, al líder de la trama, que organizó el operativo del traslado de la droga, le fueron impuestos cuatro años, seis meses y un día de prisión, además de sendas multas de seis millones de euros. Al resto de procesados les fue impuesta la misma pena que el dueño de la naves, si bien su multa se cifraba en 3,3 millones de euros.