El presidnete del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana la entrada en vigor inminente del Ingreso Mínimo Vital, que será aprobado por el Consejo de Ministros la próxima semana. Esto es todo lo que debes de saber sobre esta medida histórica que beneficiará a cerca de 850.000 hogares en España.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital es un concepto novedoso surgido a raíz de la crisis del coronavirus y promovido por el Gobierno de España. Es una medida enmarcada dentro del paquete de ayudas para frenar los daños económicos de esta pandemia en las familias más vulnerables. Dicha medida ya existe en otros países, tal y como ha recalcado el presidente del Gobierno. En total, se destinarán en torno a 3.000.000 de euros para la causa que saldrán de los fondos de la Seguridad Social. "No podemos mirar para otro lado cuando hay compatriotas en filas para comer".

¿A quién beneficia el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital está pensado para ciudadanos que viven sin compañía y cuentan con una renta inferior a 200 euros. En caso de vivir en un núcleo familiar, además de acreditar esa renta inferior a 200 euros también se sumaría la media familiar, que tendría que ser inferior a los 450 euros, con lo que será un ingreso destinado a las familias más vulnerables a nivel económica tras la crisis del coronavirus.

En definitivas cuentas, el Ingreso Mínimo Vital beneficiará a las personas que no cuentan con ninguna de las ayudas del Gobierno que se cobran desde el 14 de marzo y que ya cubren el treinta por ciento de la población en España; más de seis millones de personas (también entrarían las personas que se mueven en la economía sumergida).

¿Qué cantidad será y desde cuándo se podrá cobrar?

Dependerá del hogar en cuestión: desde 462 euros (un adulto) hasta los 1015 euros (dos adultos con más de dos hijos). Se fijará un mínimo por familia y dicho ingreso servirá para completar la diferencia. Podrá ser cobrado desde junio, conforme vayan aceptándose las solicitudes. Sánchez ha manifestado que cuatro de cada cinco españoles podrían estar en condiciones de demandarla en la sede de la Seguridad Social. No obstante, el Gobierno habilitaría más canales de atención para evitar colapsos como ya ha ocurrido con el SEPE con los ERTES.