Opinión | Análisis

Juan Ramón Gil

Cataluña, principio y fin

El pacto entre el PSOE y Junts, cuyo primer documento político conocimos por fin esta semana, fuerza el estado de derecho de manera preocupante

Cataluña, principio y fin.

Cataluña, principio y fin.

Advertía en un reciente artículo Moisés Naím sobre el frecuente error de confundir democracia y estado de derecho. Es el segundo la condición indispensable para que lo primero no quede reducido a simple trampantojo. Y el politólogo Pablo Simón señalaba en otro texto que en un régimen parlamentario hay cuestiones que no pueden figurar en el programa electoral de un partido porque resultan fruto de las posteriores negociaciones para formar una mayoría de gobierno cuando ésta no sale directamente de las urnas.

Sucede que el pacto entre el 

, cuyo primer documento político conocimos por fin esta semana, fuerza el estado de derecho de manera preocupante, no sólo por lo más vistoso de los acuerdos, la amnistía a quienes promovieron los graves acontecimientos sucedidos en Cataluña en 2017, sino por la narrativa que asienta sobre aquellos hechos, que convierte a quienes quisieron romper el orden constitucional en unos demócratas acosados por un Estado represor que utiliza a su antojo la Justicia para perseguirlos; concede por esa misma vía valor a un referéndum que, a más de ser ilegal, no cumplió con ninguno de los requisitos y controles que en cualquier sistema democrático imperan para este tipo de actos, dando por bueno que la mayoría de la población catalana se declaró aquel día a favor de la independencia; y comienza a prefigurar un cambio del modelo de país que todos nos dimos en 1978: si entonces se fue a un estado federal clandestino, como lo definía Pedro Solbes, ahora se diría que nos encaminamos a otro donde, persistiendo en el error de no reconocer la realidad federal de España, le añadimos el de otorgar de facto a uno de sus territorios rango cuasi confederal. Los portavoces socialistas se han afanado en deslizar estos días que el documento firmado con Junts no tiene la importancia que se le está dando, porque en distintos párrafos se constatan las diferencias entre los socialistas y los independentistas. Remedando a Clinton, más en estos tiempos de comunicación instantánea y redes sociales, habría que contestarles aquello de «¡Es el relato, estúpidos!». Y el relato que emana del texto conocido es el relato épico de Puigdemont.

En cuanto a Simón, es cierto que no puede incluirse en un programa lo que resulta del juego de cesiones inherente a las negociaciones entre partidos para formar gobierno. Pero lo que aquí ha ocurrido es que los ciudadanos se acostaron la noche del 23J con la idea, enfatizada hasta la saciedad por el PSOE, de que gracias a la gestión del presidente Sánchez y la generosidad de acciones como los indultos y las más polémicas rebajas de los delitos de sedición y malversación, Cataluña había dejado de ser un conflicto y la conciliación era un hecho, demostrable entre otras cosas por el soporte que durante toda la legislatura había dado ERC a la coalición de izquierdas. Y se levantaron al día siguiente con la novedad de que Cataluña volvía a ser el mayor problema de España -no la inflación, ni el creciente empobrecimiento de amplias capas de la población, ni la guerra-, un problema tan grave como para que todo girara desde ese día alrededor de ella.

Ni España camina a una dictadura, como sostiene la reina de Castilla, ni se va a romper, como afirma Feijóo cuando se le entiende. El PP sigue sin comprender que el tremendismo puede darle algún rédito a la corta, pero le condena a continuar mimetizándose con la ultraderecha y alimentando la bestia de esos radicales que intentan adueñarse de las calles, asustando, antes que a nadie, a los propios votantes moderados populares, que son los únicos que pueden darle alguna vez una mayoría suficiente para gobernar. Pero los siete votos que ha comprado Sánchez para ser investido, además de tensionar de forma peligrosa este país, van a hacer de él un lugar más desigual, donde a despecho de cualquier criterio de solidaridad, una comunidad negocia por su cuenta condonaciones, deudas históricas, financiación e inversiones mientras las otras (excepto el País Vasco, que también obtiene concesiones de las que nada se había dicho aunque se esperaban) quedan reducidas al papel de meros espectadores a la espera de que les comuniquen lo que les queda del pastel.

Mientras los populares siguen rumiando su frustración, la militancia socialista está inquieta con el acuerdo, aunque también satisfecha. Es lógico, después del tremendo varapalo que supusieron las elecciones municipales y autonómicas y los negros nubarrones con los que tuvieron que afrontar las generales que Sánchez convocó inmediatamente después. Pero la mayoría de sus dirigentes están seriamente preocupados por el porvenir. Son conscientes de que, a pesar de la inminente investidura de Sánchez, nunca el PSOE estuvo en una situación tan precaria como la que vive ahora. Viene una legislatura de esquizofrenia. Con el PP utilizando como arietes contra el Gobierno central el inmenso poder territorial que ha acumulado (11 autonomías y miles de ayuntamientos en permanente estado de agitación) y con un Ejecutivo de coalición obligado, además, a hacer malabarismos a diario para poder sostenerse con socios parlamentarios tan distintos como distantes, que encima compiten entre sí. Así que todo empieza y termina en el mismo punto, porque sólo si Salvador Illa logra presidir Cataluña el PSOE podrá empezar a salir del monumental enredo en el que se ha metido.