La Científica analiza restos de bengalas para averiguar si causaron el fuego en Atalayas

Especialistas de la Brigada con sede en Madrid vuelven a Murcia para continuar recabando vestigios en la ‘zona cero’ de las discotecas

Estudian si se usaron cajas de pirotecnia homologadas o trucadas para generar llamas reales

La ‘zona cero’ de Atalayas, en la cual este lunes seguía habiendo un altar a los difuntos y donde este martes se procederá al desescombro.

La ‘zona cero’ de Atalayas, en la cual este lunes seguía habiendo un altar a los difuntos y donde este martes se procederá al desescombro. / Juan Carlos Caval

Investigadores de la Policía Científica analizan los restos de máquinas pirotécnicas de chispas frías, recuperadas de los escombros del incendio de las discotecas de Atalayas, para tratar de averiguar si fueron la causa del fuego que el pasado día 1 costó la vida a 13 personas, indican fuentes cercanas al caso. Especialistas de la Brigada con sede en Madrid vuelven a Murcia para continuar recabando vestigios en la ‘zona cero’ de los locales siniestrados.

En teoría, las bengalas de fuego frío se pueden emplear sin problema en interiores, ya que no emiten un fuego como tal. No tienen humo y sus chispas son pequeñas: se comercializan por Internet y se usan en fiestas, bodas y otros eventos. Los expertos analizan ahora en el laboratorio los restos calcinados de cajas de chispas frías halladas entre los escombros, para estudiar si estaban homologas o hipotéticamente trucadas, y si se confirma que fueron el origen de las llamas.

Hace diez años, una aspirante a reina del Carnaval de Tenerife se quemó el 40% de su cuerpo: uno de los cañones de fuego frío que formaba parte de la decoración pirotécnica del traje que llevaba puesto se disparó. Ella pudo contarlo, y los especialistas en pirotecnia insistieron: el fuego frío siempre ha de estar controlado y bajo la supervisión de un experto.

Por otro lado, operarios de empresas especializadas tienen previsto llevar a cabo este martes por la mañana el desescombro de la ‘zona cero’ de las discotecas incendiadas, una labor de cuyo coste económico se harán cargo los seguros de los establecimientos siniestrados. Está previsto que estos trabajos se prolonguen durante al menos 48 horas.

Vídeos y fotos de testigos

Una veintena de testigos han pasado por dependencias policiales a contar qué vieron ellos esa madrugada. Qué vieron y qué grabaron, porque muchos tienen en sus teléfonos vídeos y fotos (ya en poder de los investigadores) que arrojarían luz sobre lo sucedido.

A falta de que concluya la investigación policial, coge fuerza la teoría de que el fuego se iniciase en Teatre y se extendiese hacia Fonda. Cabe recordar que ambos locales ocupaban el mismo habitáculo y estaban separados apenas por un tabique de pladur

No obstante, los investigadores son cautos e insisten en que, hasta que no termine el trabajo de la Policía Científica y la Judicial (también falta el informe de los Bomberos) no podrá concluirse una hipótesis en un caso que está bajo secreto del sumario, tal y como lo decretó la jueza. 

"Limbo legal"

Con unas pesquisas que se presuponen largas, la Región carece de una norma general que regule la intervención administrativa sobre espectáculos y actividades recreativas, lo cual supone «un limbo legal», alertan desde la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC).

El citado colectivo precisa en un comunicado que «en Murcia, a falta de dicha regulación, se acude a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada que, en puridad, no recoge plenamente esta actividad, pero que en su artículo 151 estipula las sanciones ‘sujetas a autorización ambiental autonómica’ estableciendo como ‘infracción muy grave’ el ejercicio de una actividad sin licencia ‘siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas’». 

«En este caso, impone multas que van desde los 100.001 euros hasta el millón de euros, con remisión en cualquier caso a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», apuntan los letrados.