Todo el jaleo que conlleva la docuserie de Rocío Carrasco está trayendo cola más allá de lo que vemos en televisión. La primera temporada quedó en evidencia lo tendencioso del formato explotado por la productora. Colocar como única voz autorizada a su protagonista tiene sentido, claro, pero que la conductora sea su íntima Carlota Corredera y se dedique a silenciar cualquier voz discordante que dude del pensamiento único, trae consecuencias. Rocío Carrasco mostraba papeles y documentos como si portara la verdad, cuando lo cierto es que algunas de esas 'pruebas' no eran necesariamente tales. O, por lo menos, no en la medida en las que las presentaba. Recordemos que la mayoría de las sentencias judiciales contradecían la versión de la ex de Antonio David, a lo que Corredera y sus secuaces no tardaron en ponerle el cartel de 'verdad judicial', culpando a la Justicia y los jueces (muchas mujeres) de machistas.

La crisis del share de Telecinco se hizo evidente y cada capítulo tenía menos televidentes que el anterior. Eso sí, era un tema recurrente en todas las cafeterías y plazas de España. El morbo que despertaba era evidente, sobre todo cuando incluso alguna ministra se posicionaba en sus redes acusando de maltratador a quien la justicia no catalogó como tal. De ahí que el propio Antonio David impusiera una querella contra dicha política de extrema izquierda, abanderada del feminismo más radical. ¿La ganará? Pues seguramente. Como también ha ganado ya el juicio por despido improcedente a Telecinco y la mayoría de vistas a su exmujer. Y, ojo, que todavía ganará varios juicios más que están en espera.

Funcionarios morbosos, denunciados por la Fiscalía

La delegación de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Valencia ha judicializado las diligencias de investigación penal abiertas contra varios funcionarios por acceder de forma indebida a los datos del sistema de vigilancia de víctimas de violencia de género (Viogen) para consultar el archivo de Rocío Carrasco y ha denunciado a siete de ellos por un posible delito de descubrimiento de secretos del artículo 197.2 del Código Penal. Como los funcionarios prestan servicios en diversas oficinas de la provincia de València, las denuncias se han trasladado a juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca.