Todos los detalles sobre la jornada de registros y detenciones en la RFEF

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicó varias detenciones, a la vez que registró la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dentro de la investigación relacionada con supuestas adjudicaciones ilícitas de obras en La Cartuja bajo la presidencia de Luis Rubiales, según confirmaron a ‘El Periódico de España’ fuentes de la investigación. Además, la Fiscalía emitió una orden de detención contra Luis Rubiales, que se encuentra en la República Dominicana. 

Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), dentro del marco de las diligencias previas del caso ‘Supercopa Files’, y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, apoyada por Europol, está actuando en distintas provincias, entre ellas, Granada y Sevilla. De hecho, la UCO acudió a La Cartuja sevillana con el reclamo de documentos sobre un convenio de tres millones de euros en favor de la RFEF. 

Entre los detenidos, se hallan Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Federación, considerado uno de los ‘cerebros del rubialismo’ y que la semana pasada actuó como su letrado en el juicio por la Superliga. También se arrestó ayer al actual director jurídico de la Federación, Pedro González Segura, y el responsable de Personal del ente federativo, José Javier Jiménez. Asimismo, habría tres detenidos más, entre ellos un amigo íntimo de Rubiales, que no pudo ser arrestado al encontrarse en Punta Cana.

En este contexto la operación lanzada desde el juzgado madrileño prevé la entrada y registro en 11 domicilios, así como la ejecución de requerimientos judiciales a distintas entidades públicas y privadas. Las actuaciones previsiblemente finalizarán con siete detenidos y cinco investigados, según las fuentes consultadas. Las fuentes jurídicas precisan que «si finalmente la UCO decide continuar el régimen de detención para uno o varios de los detenidos, los pondrá a disposición del juzgado». Los agentes buscan documentación que la jueza Delia Rodrigo había solicitado de modo reiterado, pero que la Federación no facilitaba.

Pieza principal

El caso originario estalló a finales de mayo de 2022 a raíz de la investigación realizada por el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso Carbajo, y se dirige, en principio, contra Luis Rubiales, la propia Federación y la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué. Las pesquisas tenían relación con el contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Ministerio Público actuó tras una denuncia presentada el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, Miguel Ángel Galán.

Ahora, las intervenciones policiales se enmarcan a raíz de la presunta corrupción a partir de aquel contrato con Piqué para trasladar la Supercopa a Oriente Medio. Además de corrupción en los negocios, posibles delitos asociados abarcarían también la administración desleal y el blanqueo de capitales. Entre los domicilios registrados está una vivienda en Granada propiedad del expresidente de la Federación. Posteriormente, la denuncia se fue ampliando a otros puntos de la gestión de Rubiales en la Federación, como posibles irregularidades en el pago del alquiler de una vivienda en Madrid del expresidente; los gastos de éste en un «viaje de placer» a Nueva York con dinero de la Federación, y también facturas pagadas a cuenta de una jornada de trabajo, en la que se «invitó a un grupo de chicas jóvenes» y acudieron el presidente y su equipo más directo. Todo pagado con tarjetas de empresa de la RFEF.

Agravio al Valencia CF

Según la denuncia oficial, Kosmos recibió 24 millones de euros por mediar entre la RFEF y Arabia Saudí para que la Supercopa de España se celebrara en el reino absolutista saudí durante seis temporadas. La comisión, pagada por la dictadura, suponía un 10% del montante total de la operación, 240 millones de euros. El 15 de septiembre de 2019, Rubiales felicitó a Piqué por el acuerdo, cuando el catalán todavía era defensa del Barça: «Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y, por lo tanto, es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites». La primera Supercopa española en Arabia se jugó en enero de 2020, con el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia como participantes, ganándola el Real Madrid.

El Valencia CF llegó a demandar a la Federación, después de que ‘El Confidencial’ hiciese públicos unos audios de conversaciones entre Rubiales y Piqué que reforzaban la tesis que defendía: un reparto «arbitrario», «desigual» y sin acuerdo en una asamblea federativa de los ingresos por competir. A mitad de la Liga 19/20 cambiaron las reglas de participación y, con ello, a un invitado como el Real Madrid se le pagaría mucho más que al campeón de Copa. Así eran las maniobras que tramaba el exjugador de la ‘Roja’ para convencer a los blancos y repartir luego las comisiones: «A ver, Rubi, si es tema de dinero, si ellos por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga dos y uno... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que, si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...».

A lo largo del proceso para conocer los pagos derivados de la nueva Supercopa lejos de España, a través del acceso a pruebas documentales del contrato, la Federación también respondió con negativas a las peticiones del Valencia. Y, según fuentes del club, pese a los varios requerimientos judiciales que obligaban a la RFEF a entregar los contratos. Tras los dos primeros, la Federación comenzó a aportar algunos contratos, pero no todos, «y lo hacía con las cantidades tapadas con tipex». Posteriormente, el Valencia dispuso de una mejor defensa de sus intereses al ir accediendo a más información, lo que le permitió reclamar daños y perjuicios y mejorar las cantidades iniciales, a pesar de acabar retirando la demanda. No obstante, mediante el largo tiempo de conflicto el club se sintió agraviado con situaciones como la excesiva sanción a José Gayà o el cierre de la grada de animación por lo sucedido con Vinicius.

Más tarde, en enero de 2024, el proceso que había abierto el Valencia CF por el reparto desigual sirvió para que Osasuna consiguiera uno más equitativo (2 millones).

El Valencia defendió sus intereses

En julio de 2023, un acuerdo con la RFEF puso fin a la demanda que tramitaba el juzgado mercantil 2 de Madrid en la que el VCF reclamaba daños y perjuicios por el reparto de la Supercopa 2020. Entonces, se decretó 1,7 millones para los ches. Al final, sumando también la Supercopa 2023, el club se embolsó 5,1 millones por ambas ediciones.